Por Ephraim Alburquerque
Después de más de dos décadas de debates, aplazamientos, vetos y tensiones entre los poderes del Estado, la República Dominicana se encuentra —por fin— a las puertas de aprobar un nuevo Código Penal.
Si las previsiones se cumplen, este mismo miércoles se romperá una cadena de retrasos que ha dejado al país operando con un cuerpo legal decimonónico, anclado en el siglo XIX y ajeno a los desafíos jurídicos del presente.
El anuncio de que el nuevo código podría aprobarse “en las próximas horas” despierta una mezcla comprensible de esperanza y escepticismo. ¿Cuántas veces se ha dicho que está “a punto de aprobarse”? ¿Cuántas versiones ha sufrido el proyecto? ¿Cuántos temas sensibles han sido utilizados como ficha de negociación política?
Y, sin embargo, si esta vez se concreta, será una conquista institucional largamente anhelada.
No se trata simplemente de modernizar el lenguaje jurídico, sino de ajustar el sistema penal a las realidades del siglo XXI: delincuencia organizada, crímenes cibernéticos, violencia de género, corrupción, trata de personas, feminicidios, delitos medioambientales, entre otros.
El código actual, redactado en 1884 y solo reformado parcialmente, ha dejado vacíos legales que entorpecen la acción de la justicia y la correcta aplicación de penas proporcionales.
En esta espera prolongada, muchas víctimas han visto frustradas sus expectativas de justicia. Y muchos fiscales y jueces han tenido que operar con herramientas jurídicas inadecuadas.
No podemos ignorar que este parto ha estado marcado por fuertes controversias. Especialmente en torno a la despenalización del aborto en circunstancias excepcionales, así como la tipificación o no de ciertos crímenes de odio.
La discusión no ha sido meramente técnica: ha sido moral, ideológica, política, y hasta religiosa.
Sin embargo, si el país alcanza hoy un acuerdo, significará que —aun en medio de esas tensiones— se logró avanzar.
Puede que no sea un código perfecto, pero será uno más justo, más aplicable y más acorde a las realidades del país.
La aprobación de un nuevo Código Penal no debe verse como un fin en sí mismo. Será apenas el inicio de un proceso que implica formación, aplicación justa y vigilancia ciudadana.
No servirá de nada si no se respeta el debido proceso, si los operadores de justicia no son independientes, o si la impunidad sigue ganando terreno.
Por eso, más que celebrar prematuramente, hay que prepararse para acompañar el proceso con sentido crítico y con altura cívica.
En onclusión:
El país necesita y merece un nuevo Código Penal.
No para sumar un trofeo político, sino para asegurar un marco jurídico que defienda la dignidad humana, castigue el delito y garantice los derechos de todos.
Si hoy finalmente se aprueba, la nación no debe dormirse en la autocomplacencia. El verdadero reto comienza después de la promulgación: hacer que se cumpla la ley y que nadie esté por encima de ella.
