Santo Domingo.- El Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer -CUDEM- hizo un llamado a las mujeres y sus organizaciones, y al movimiento social en su conjunto, a rechazar el proyecto de Código Penal aprobado en primera lectura por el Senado de la República.
La organización feminista propuso que se considere un nuevo texto que incorpore las tres causales como eximentes de penas ante la interrupción voluntaria del embarazo.
El CUDEM reiteró el reclamo de que el Congreso Nacional se abstenga de aprobar un Código Penal «negador del derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre la protección de su vida y su salud».
Las feministas hicieron un llamado a las mujeres, a las organizaciones defensoras de derechos humanos y al pueblo en general, a mantenerse en actitud de reclamo y acompañar a las mujeres en su lucha por un Código Penal que respete la vida de las mujeres.
Argumentos jurídicos
La organización de mujeres presentó cuatro argumentaciones jurídicas y sociopolíticas referidas a las tres causales:
1. Mantener criminalizada la interrupción del embarazo en todas las circunstancias y momentos de la gestación es violatorio de los derechos humanos de las mujeres porque el Estado de Derecho se fundamenta en el “respeto a la dignidad humana» y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes”, según el artículo 38 de la Constitución Dominicana).
«De ahí el fundamento de nuestro reclamo cuando un embarazo limita el ejercicio del derecho a la vida, para que la mujer pueda decidir tempranamente su interrupción».
2. Es inhumano e implica sometimiento a tortura la criminalización de la interrupción del embarazo en condiciones especiales como las de las 3 causales: -1) proteger la vida y salud de la mujer, 2) liberarla de la violencia que implica el mantenimiento de un embarazo resultado de violación o incesto, y 3) cuando se trate de un embarazo inviable.
3. Las soluciones a problemas sociales deben tener enfoques integrales y no penales, como la educación sexual y el acceso efectivo a métodos anticonceptivos.
En consecuencia, mantener criminalizada la interrupción del embarazo es profundizar el problema de justicia social, ya que lesiona principalmente a las mujeres de escasos recursos y tiende a elevar las tasas de mortalidad materna en el país.
4. Asumir que se trata de un problema de salud pública que debe ser atendido por profesionales, a quienes no debe penalizarse por el ejercicio ético de la salud, y no llevarlos a la ilegalidad.
