Por Germán Reyes
Santo Domingo. – La organización cívica no partidistas Sed de Justicia solicitó a la Procuraduría General de la República que ponga en movimiento la acción pública para que apliquen las sanciones penales que correspondan contra el ex candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo y de Ramón Antonio Pepín, quien le sucediera como titular en el Ministerio d Obras Públicas.
En una instancia entregada en el Ministerio Público se solicita el bloqueo de los activos y cuentas de bancos personales y de las empresas Castillo y de Pepín por la denunciada compra grado a grado de más de RD$19,OOO millones en Hormigón Asfáltico Caliente (HAC), en el período abril-septiembre de 2019 y enero-marzo de 2020.
Franc Rosario, periodista y empresario del área de las finanzas, quien firma como representante de Sed d Justicia, presenta sus calidades con el argumento de que “cualquier persona física o jurídica sujeta de derechos y deberes puede solicitar que se investigue un hecho punible del que haya tenido conocimiento y pedir al órgano judicial competente realizar la debida diligencia a los fines de determinar la veracidad de los hechos presenciados”.
En el documento se establece que existen “hechos probados” que supuestamente demuestran de que (Castillo y Pepín) cometieron malversación de fondos públicos, peculado, infracciones de tipo penal en el ejercicio de su funciones”.
Se refiere también a evidencias, a pruebas existentes y la verificación de los hechos, “en documentaciones oficiales del propio Ministerio (Público), y ante las conclusiones de la Dirección General de Contrataciones Públicas que encontró graves violaciones a la Ley”.
Asimismo, Contrataciones Públicas habría verificado “el posible contubernio” de Castillo y Pepín para beneficiarse directa o indirectamente de los fondos envueltos en esta “operaciones ilegales”, lo cual, a su entender, constituye una falta grave por las implicaciones de defraudación del erario y los daños y perjuicios causados al Estado Dominicano, “al no disponer de opción para elegir los mejores precios, la mejor calidad y mejores condiciones comerciales bajo preceptos de transparencia y racionalidad que manda la ley”.
