Washington DC, 8 de noviembre de 2023.- Durante el 188 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de la sociedad civil dominicana denunciaron graves violaciones de derechos humanos que enfrentan mujeres haitianas migrantes embarazadas en República Dominicana, las cuales ocurren en medio de una ola de persecución y deportación de población haitiana y dominico-haitiana en la que también se ven afectados menores de edad.
En la audiencia, que se denominó República Dominicana: Acceso a la salud de mujeres y niñas migrantes haitianas embarazadas, participaron las organizaciones Movimiento Reconocido, Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV), Movimiento Socio Cultural de Trabajadores Haitianos (MOSCTHA) y Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las cuales contaron con apoyo técnico del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).
Juan Alberto Francisco, del Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), estuvo a cargo de exponer la situación de persecución y deportación que sufren mujeres haitianas, dominico haitianas y fenotípicamente identificadas como negras que están embarazadas, parturientas y en lactancia. Detalló que, de 2021 a junio de 2023, fueron deportadas a Haití 342,820 personas, de las cuales 2,159 eran mujeres embarazadas y 2,981 menores de edad no acompañados.
El gobierno dominicano ha intentado usar la situación precaria del sistema de salud para justificar estas acciones, apuntó Francisco; sin embargo, señaló que tanto tratados internacionales de derechos humanos adoptados por República Dominicana como la misma Constitución de la República establecen estándares para la protección de mujeres embarazadas y menores de edad bajo los cuales dicho argumento no tiene validez. “La maternidad, sea cual fuere la condición social o el estado civil de la mujer, gozará de la protección de los poderes públicos y genera derecho a la asistencia oficial en caso de desamparo”, reza el artículo 55, numeral 6, de la Carta Magna dominicana.
En tanto, Jenny Morón, del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), planteó que el proceso de expulsión y repatriación de migrantes en el país, según la Ley 285-04, está bajo responsabilidad de la Dirección General de Migración; sin embargo desde el Poder Ejecutivo se emitió el Decreto 668-22, que da competencia a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para ser parte del control migratorio, lo que ha provocado que frecuentemente se realicen operativos y detenciones migratorias fuera de los horarios correspondientes y en un marco de informalidad que termina en corrupción y violencia.
“Los servicios médicos no deben ser limitados por el estatus legal de un individuo. Convertir los centros de salud, incluyendo las maternidades, en lugares de detención para la deportación de mujeres, viola el artículo 12 párrafo 2 de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”, dijo.
Manuel de Jesús Dandré, de la Red de Encuentro Dominico-Haitiano Jacques Viau, hizo referencia a testimonios y otras evidencias físicas recopiladas por organizaciones de la sociedad civil sobre los controles migratorios en zonas de acceso a los centros de salud y en ocasiones incluso dentro de las maternidades en centros urbanos.
“El jueves 20 de julio de 2023, en la Maternidad en Higüey, Agentes de la Dirección General de Migración, sin orden judicial alguna, entraron por la fuerza y requisando y deteniendo a todas las mujeres de color negro, que le parecieran haitianas, sacando de los consultorios y habitaciones a mujeres embarazadas y otras que se encontraban con sus hijos recién nacidos, y fueron montadas en una cárcel móvil, tipo camión y fueron enviadas a un centro de detención con fines de deportación”, detalló.
En representación del Estado, el embajador de República Dominicana ante la OEA, Josué Fiallos, respondió a las denuncias aduciendo una “carga asistencial” excesiva debido al aumento de partos de mujeres haitianas en el país, e hizo alusión a la intención de hacer un balance entre los derechos de las personas migrantes y las nacionales. El diplomático señaló que entre el año 2021 y octubre de 2023 fueron deportadas 69,810 mujeres, de ellas 2,252 mujeres embarazadas, y aseguró que las detenciones de mujeres embarazadas en los hospitales y sus alrededores son casos “aislados”.
De parte de la CIDH, la Presidenta y Relatora para República Dominicana, comisionada Margarette May Macaulay, mostró su preocupación ante las violaciones de derechos humanos denunciadas por la sociedad civil y pidió al Estado estadísticas sobre los procesos judiciales que anteceden a las deportaciones, haciendo énfasis en que estos son fundamentales como garantía del debido proceso. La comisionada Julisa Mantilla, Relatora de la CIDH sobre Derechos de las Mujeres, preguntó sobre estadísticas de deportaciones de menores no acompañados.
La sociedad civil hizo ocho solicitudes a la CIDH y al Estado, entre ellas que la Comisión realice una visita in loco a República Dominicana, que se ponga fin a la detención arbitraria y deportación masivas de mujeres, niños/as y adolescentes migrantes haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, y que el Estado dominicano soluciones de manera real y efectiva el acceso al derecho a la nacionalidad de las personas dominicanas de ascendencia haitiana.
