Santo Domingo.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) sugirió a la Procuraduría General de la República disponer el envío al Archivo General de la Nación (ACN) de los expedientes y fichas que descansan en institucionales policiales y judiciales generadas desde 1930 hasta 1978.
El planteamiento de la CNDH-RD fue formulado después que fuera apresado el médico Santiago Castro Ventura en virtud de una ficha policial que data de 1972. Lo ocurrido con el Dr. Santiago Castro Ventura es un atropello que se produce cotidianamente contra ciudadanos anónimos”.
Según las consideraciones de la organización, tales acciones carecen de base legal “y solo se fundamentan en la arbitrariedad y la cultura trujillistas, balagueristas”.
La CNDH-RD dijo que todos los luchadores democráticos, dirigentes gremiales, sindicales y revolucionarios que fueron víctimas de la represión política en algún momento, especialmente en la dictadura de los 12 años del régimen balaguerista, “están expuestos a sufrir la arbitrariedad y desconsideración policial, sin que haya consecuencias”.
La voluntad política
A juicio de la institución, eso solo puede ocurrir si la voluntad política instalada en la dirección del Estado Dominicano lo desea y permite. “Constituye una vergüenza que nuestra sociedad continúa siendo víctima de regímenes políticos contra los cuales el pueblo dominicano ha luchado tanto y creyó haberlo superado”.
En una comunicación que firma Manuel María Mercedes, presidente de la CNDH-RD, se argumenta que el envío de las fichas y expedientes al AGN se facilita con la creación de los mecanismos expeditos conforme a la ley general de archivo, la 481 08.
La solicitud fue dirigida, de manera específica, a los casos comprobados de que fueron basados en razones políticas- ideológicas “y en virtud de que dicha documentación refiere a situaciones legalmente prescritas y constituye parte del patrimonio documental de la nación”.
Que paguen por sus hechos
Mercedes sugirió desautorizar expresamente las detenciones arbitrarias de ciudadanos y ciudadanas. “Y hacer valer el régimen de consecuencias previsto en las leyes para las autoridades que incurren en tales prácticas”.
También respaldó la iniciativa de ley para crear una comisión de la verdad que, de acuerdo con la Constitución de la República, la jurisprudencia sobre el particular en nuestra región y la filosofía que oriente esta figura en la experiencia de reconocidos organismos de derechos humanos en todo el mando, “pueda contribuir al esclarecimiento de violaciones y crímenes atribuidos al Estado Dominicano durante el indicado periodo, signado por el titularismo que hace referencia política”.
Esto último, sentenció Mercedes, podría contribuir a la creación de unas condiciones ambientales en la nación y la sociedad dominicana, “que ajuste cuentas al legado de la cultura trujillista presente en las instituciones guardianes del orden público”.
