Irvo Otieno, un joven de 28 años que padecía una enfermedad mental, murió el pasado 6 de marzo después que los oficiales lo asfixiaran cuando yacía en el suelo de un hospital con esposas y grilletes en las piernas.
Preliminarmente, se sospecha que el deceso del hombre de origen keniano se debió a la falta de oxígeno mientras era admitido en el Hospital Estatal Central en el condado de Dinwiddie, donde los policías lo llevaron para una revisión.
La fiscal de esa localidad, Ann Cabell Baskervill, dijo en la corte que Otieno se había asfixiado por el peso de los siete agentes que lo sometieron durante 12 minutos en el suelo, según informó CBS 6 News.
Supuestamente los oficiales acudieron al uso de la fuerza porque el detenido estaba agresivo pero, según Baskervill, los videos muestran que no estaba ni agitado ni combativo.
El abogado de la familia de la víctima, Mark Krudys, aclaró que el joven fue encarcelado el pasado 3 de marzo, tras lo cual su madre intentó hacerle llegar sus medicamentos.
Aunque inicialmente los agentes no le permitieron llevarlos, luego aceptaron uno de ellos, y dijeron que recibiría asistencia médica en unos días, detalló Krudys.
La muerte de Otieno ocurre cuando los departamentos policiales del país se enfrentan a un escrutinio cada vez mayor por arrestos que acaban en un deceso.
A principios de este año, Tyre Nichols, un hombre negro de 29 años detenido en una parada de tráfico, fue golpeado por agentes de Memphis, Tennessee, durante aproximadamente tres minutos la noche del 7 de enero y falleció tres días después.
Acorde con un estudio realizado por el Fondo de Educación de la Conferencia de Liderazgo y el Proyecto de Supervisión Gubernamental, el gobierno federal desconoce con certeza el número de detenidos que mueren bajo la supervisión de la policía.
“Las personas pierden la vida durante el encarcelamiento, la detención y la custodia policial todos los días, pero no tenemos idea de quiénes son, cómo mueren o cuál es la mejor manera de prevenir futuros decesos”, refirió en un comunicado Bree Spencer, directora interina del programa del Fondo de Educación.
Los datos limitados del Departamento de Justicia muestran que un total de mil 200 personas murieron en las cárceles locales en 2019, un cinco por ciento más que un año antes.
En tanto, la tasa de mortalidad de las personas encarceladas pero no condenadas alcanzó un máximo histórico.
Según reportes de la Oficina de Estadísticas de Justicia, casi el 77 por ciento de las personas que fallecieron en las cárceles locales en 2019 no habían sido imputadas por ningún delito al momento de su deceso.
