Santo Domingo.- El Movimiento Reconocido denunció la «grave» violación de derechos humanos ocurrida la madrugada del 26 de febrero de 2025 en El Seibo.
De acuerdo con una información escrita, agentes de la Policía Nacional, la Dirección General de Migración y miembros del Ejército allanaron «ilegalmente» la vivienda de Epifania St. Chals, ubicada en el distrito municipal de La Higuera, provincia El Seibo.
Epifania St. Chals, quien también identificó a uno de los agentes por el apellido “Soto” en su chaleco, fue definida como una «lideresa del Movimiento Reconocido, activista social y defensora de derechos humanos, sin presentar orden judicial».
Aproximadamente a las 6 de la mañana, los agentes irrumpieron en su propiedad privada sin justificación legal, ingresando al patio y la cocina de la vivienda, bajo el pretexto de buscar personas extranjeras indocumentadas, dijo Reconocido.
El intento de asfixiarla
Luego, al percatarse de la situación, la activista defensora de los derechos humanos comenzó a grabar la actuación ilegal de los agentes, según la denuncia. «Un agente intentó arrebatarle el teléfono con violencia, sujetándola por el cuello, amenazando con asfixiarla».
Según Reconocido, el acto de brutalidad policial ocurrió frente a sus hijos menores y su madre, con el claro objetivo de aterrorizar a la familia.
Este allanamiento ilegal, prosiguió la organización, forma parte de los operativos de deportaciones masivas y arbitrarias que afectan a la comunidad migrante y a personas negras en todo el país, incluyendo a personas dominicanas como nuestra compañera Epifania St. Chals.
Un proceder cotidiano
El movimiento Reconocido comentó que «en numerosas ocasiones organizaciones sociales y de derechos humanos han denunciado la suspensión de hecho, inconstitucional, de las garantías del debido proceso por parte del gobierno del presidente Luis Abinader y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, con la realización de miles de detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales».
Sin embargo, declaró Reconocido, ni la Procuraduría General de la República ni el Defensor del Pueblo ni el Congreso han emprendido acción alguna para restituir el Estado de derecho, «lo que los convierte en corresponsables de estas violaciones masivas a los derechos humanos y a la Constitución».
Más de 20 detenidos
Más de veinte personas fueron detenidas arbitrariamente en el operativo ilegal del 26 de febrero, incluyendo dominicanos de ascendencia haitiana con documentación que acreditan su nacionalidad y personas dominicanas negras sin ascendencia haitiana conocida.
En su opinión, es un claro acto de perfilamiento racial y expulsión colectiva prohibido por los pactos internacionales suscritos por el Estado dominicano en materia de derechos humanos.
En cuatro comunidades
Las redadas migratorias ilegales del 26 de febrero se llevaron a cabo en las comunidades de La Higuera, Kilómetro 2, Santa Lucía y Villa Guerrero, donde las autoridades detuvieron a personas basándose en su apariencia física y en abierta violación de las garantías constitucionales del debido proceso.
Desde el Movimiento Reconocido condenamos enérgicamente estos abusos, de los que responsabilizamos directamente al presidente Luis Abinader y a la ministra Faride Raful.
Las exigencias
- Una investigación inmediata sobre el allanamiento ilegal y la agresión a Epifania St. Chals, con la cancelación inmediata y apertura de un proceso penal contra los responsables que lleve a la imposición de condenas ejemplarizantes.
- El cese inmediato de los operativos racistas y arbitrarios que criminalizan a personas migrantes, dominicanas de ascendencia haitiana y dominicanas negras, intensificados luego del anuncio el 2 de octubre de 2024 de una cuota de 10 mil expulsiones semanales.
- La restitución de las garantías constitucionales del debido proceso, de hecho suspendidas ilegalmente sin autorización del Congreso. Exigimos que se respeten los derechos humanos consagrados en la Constitución y los compromisos internacionales firmados voluntariamente por el Estado dominicano.
Le recordamos al gobierno dominicano que este ataque en contra de nuestra compañera y defensora de derechos humanos viola de manera notoria la medida cautelar 408-13 dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo Reconocido.
Esa medida cautelar demanda al Estado dominicano que adopte “las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los integrantes del Movimiento Reconocido”.
Asimismo, “garantizar que los integrantes del Movimiento Reconocido puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos sin ser objeto de violencia y hostigamiento por el ejercicio de sus funciones”.
Violación de medida cautelar
El movimiento Reconocido refirió que el gobierno ha violado de manera recurrente esta medida cautelar, incluyendo la detención arbitraria de nuestro coordinador nacional, Franklin Dinol el 12 de octubre de 2024, y de Alberto Pierre el 12 de noviembre de 2023, entre otras acciones represivas contra nuestra organización.
No podemos permitir, advirtió la organización, que la discriminación racial y la brutalidad policial sigan imponiéndose sobre los derechos y la dignidad de las personas.
A su entender, ese ataque en contra de su compañera Epifania St. Chals forma parte de la creciente persecución y represión contra quienes luchamos por la justicia y la igualdad en el país y de la preocupante destrucción de las libertades democráticas y el avance del autoritarismo en la República Dominicana.
«Hacemos un llamado a las organizaciones políticas, sociales y de defensa de los derechos humanos en República Dominicana, así como a la comunidad internacional, a exigir justicia y a defender las libertades democráticas bajo el ataque de estas acciones ilegales y arbitrarias», dijo Reconocido.
