Londres, La Razón.- La justicia británica ha comenzado hoy a analizar si acepta las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela, en un nuevo capítulo en la larga batalla legal que comenzó en 2020 entre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó sobre quién tiene autoridad para gestionar las reservas nacionales de oro valoradas en unos 1.600 millones de euros depositadas en el Banco de Inglaterra.
La jueza Sara Cockerill, del Tribunal Superior de Londres, escuchará los argumentos de ambas partes hasta el próximo lunes, cuando es posible que fije una fecha para pronunciar su dictamen. Por la complejidad del caso, es improbable que éste sea inmediato, y de todos modos podrá ser recurrido.
Cockerill, que ya estuvo a cargo previamente de este proceso, lo recupera ahora después de que el pasado 20 de diciembre el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial británica, aclarara dos cuestiones preliminares, sin las cuales no se podía proceder al juicio formal.
Tras oír los alegatos de los abogados de las juntas de Maduro y Guaidó, el Supremo concluyó que el Gobierno del Reino Unido reconoció a todos los efectos al político opositor como presidente interino de Venezuela en una declaración que emitió el 4 de febrero de 2019. Por contra, no reconoce en ningún caso a Nicolás Maduro, aunque aún mantenga las relaciones diplomáticas, dictó.
También dispuso que los nombramientos de Guaidó a la junta “ad hoc” del Banco Central venezolano deben ser considerados por la Justicia inglesa como “actos soberanos” de Venezuela (dado que Londres lo trata como el presidente legítimo), pese a que fueron declarados nulos por la Justicia venezolana.
En este sentido, el Supremo británico dejó en manos del Tribunal Superior analizar, en base a la evidencia, si los tribunales ingleses deben dar por bueno o, por contra, ignorar el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Caracas en que invalidaba la junta de Juan Guaidó.
El Supremo, un órgano chavista
Los abogados de la parte del líder opositor alegarán que la corte venezolana es un instrumento político de Maduro, por lo que sus dictámenes no han de ser reconocidos en el Reino Unido. Por su parte, la parte del dictador venezolano, Nicolás Maduro, sostendrá que su Administración es la única legitimada en el país.
El litigio se inició el 14 de mayo de 2020, cuando el presidente de la junta del BCV nombrada por Maduro, Calixto Ortega, acusó al Banco de Inglaterra de infringir contrato al no cumplir su orden de transferir las reservas a un fondo de la ONU para que fueran usados en la lucha contra la covid en Venezuela.
