Son los haitianos la principal fuerza de trabajo en la construcción en la República Dominicana, de ahí que la presidenta de Acoprovi, Annerys Meléndez, afirmó que las devoluciones sin planificación impactan de manera negativa, «pues muchos de estos empleados cumplen con la normativa y son esenciales para la continuidad de los proyectos».
El artículo 135 del Código de Trabajo de República Dominicana establece que el 80 por ciento de los trabajadores de una empresa deben ser nacionales.
Meléndez aseguró que el sector de la construcción cumple con la normativa 80/20 en la contratación de mano de obra extranjera, pero que la falta de un proceso estructurado de permisos laborales genera incertidumbre en la industria, publicó Diario Libre.
Explicó que esta rama genera cerca de 435 mil empleos formales y que el 20 por ciento significa la contratación de unos 87 mil obreros foráneos.
Manifestó que no se puede ignorar al extranjero, expulsarlo y luego autorizar su reingreso, sino de regularizar su estatus laboral en el país.
Señaló que son los haitianos quienes realizan los trabajos más pesados como excavaciones y demoliciones, que los dominicanos rechazan.
Consideró que «es importante garantizar el cumplimiento de la ley sin afectar la operatividad de un sector clave para la economía nacional».
República Dominicana ve en los haitianos una mano de obra barata. Los que de una manera u otra logran quedarse y no son devueltos al infierno en que han convertido a Puerto Príncipe, son los que realizan labores pesadas y ganan menos salario que los locales. Intentan sobrevivir en la construcción, la agricultura o el comercio informal.
Cifras conservadoras indican que más de medio millón reside en República Dominicana, una nación que tiene sus mayores fuentes de empleo en la construcción, por lo que su salida masiva paralizaría las obras.
El pasado 2 de octubre, el gobierno de Luis Abinader anunció un plan que ejecutó de inmediato para repatriar hasta 10 mil indocumentados por semana, con el propósito de “reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas”.
Para el gobierno de Puerto Príncipe, la actitud del Ejecutivo es criticable, una actitud que comparten organizaciones de derechos humanos de las dos partes de la isla.
