Bogotá, Semana.-La nueva Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomó este martes la decisión histórica de enviar a detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Este grupo de investigadores fue creado en el papel en enero de 2018, con el Acto Legislativo que dio vida a la segunda instancia para aforados. Aunque en la práctica esta sala nació nueve meses después de la norma, precisamente al calor del llamado a indagatoria de Álvaro Uribe Vélez, el caso que ha puesto a prueba su gestión, su solidez y hasta su unidad interna.
Los magistrados de la Sala de Instrucción fueron elegidos en septiembre de 2018, cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema acababa de tomar la decisión de abrir investigación formal contra el expresidente por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. El proceso penal se estructuró con base en una investigación liderada por el magistrado José Luis Barceló y lleva la firma de otros dos magistrados de la Sala Penal: Luis Hernández y Fernando Castro.
Esta fue la última y más importante decisión que tomó Barceló antes de dejar la Sala de Casación Penal de la Corte por periodo cumplido. También fue el único pronunciamiento que se alcanzó a hacer desde la Sala de Casación Penal, pues con el nombramiento de los nuevos integrantes de la Sala de Instrucción, la investigación contra Álvaro Uribe Vélez cambió de despachos.
En un comienzo, el reparto le cayó a la recién nombrada magistrada Cristina Lombana, pero duró poco tiempo en sus manos. Lombana fue apartada de la investigación por sus propios colegas, quienes consideraron que su papel como magistrada de la justicia ordinaria era incompatible con su fuero de militar activa. Ella fue juez penal militar y, al ser elegida como magistrada de la Sala de Instrucción, intentó mantenerse activa en el servicio militar, condición que le generó tanto ruido que Lombana perdió el caso Uribe y nunca lo volvió a recuperar, aun cuando colgó para siempre el uniforme militar. De hecho, es la única magistrada de la Sala de Instrucción que no participó de la decisión que envió a Uribe a detención domiciliaria.
El proceso de Uribe salió de las manos de Lombana y le pasó al siguiente magistrado por orden alfabético: César Augusto Reyes Medina. En cuanto Reyes asumió el proceso, ordenó la práctica de pruebas, incluyendo el desfile de decenas de testigos, muchos de estos solicitados por la defensa de Uribe. Ha sido un año largo de intenso trabajo para Reyes, quien condensó sus hallazgos en una ponencia de más de 1.700 páginas.
Estos son los jueces que tomaron la decisión de dictar medida de aseguramiento contra el expresidente:
César Augusto Reyes:
Al quedar Cristina Lombana apartada de los casos contra Álvaro Uribe, César Reyes se convirtió en el encargado de investigar los procesos más delicados contra el expresidente. En su despacho no solo reposa el proceso por manipulación de testigos, sino el que investiga su responsabilidad como exgobernador de Antioquia por la muerte del defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle y la masacre del Aro. Un proceso penal que se convirtió en la sombra de Uribe y que fue impulsado durante la fiscalía de Eduardo Montealegre.
Recientemente, Reyes también se quedó con el proceso que investiga a Uribe preliminarmente como supuesto beneficiario de las chuzadas del ‘hacker‘ Andrés Sepúlveda. Esta investigación estaba en manos de Cristina Lombana, magistrada que consiguió en un allanamiento al Batallón de Ciberinteligencia de Facatativá evidencias de los perfilamientos a periodistas, defensores de derechos humanos y abogados. Los hallazgos confirmaron las denuncias reveladas por la revista SEMANA. Al quedar Lombana apartada del proceso, Reyes consideró que estas evidencias ameritaban trasladarse a una nueva investigación, por lo que mandó las pruebas al despacho de su colega Héctor Alarcón.
Ahora bien, Reyes no solo tiene en su poder las investigaciones contra Uribe, sino también las que cursan contra el senador Gustavo Petro. Al magistrado le corresponde sustanciar los casos por supuesta financiación ilegal de campañas de parte de la firma extranjera Monómeros y lo relacionado al video en el que Petro recibe fajos de billetes de parte de Juan Carlos Montes, una persona vinculada a la financiación de su campaña, que habría entregado el dinero como emisario del arquitecto Simón Vélez.
El magistrado César Reyes es egresado de la Universidad La Gran Colombia, especialista en derecho penal de la Universidad Nacional, en derechos humanos de la Esap y en docencia universitaria de la Universidad Santo Tomás; doctorado en derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y formación académica recibida en los Estados Unidos y Puerto Rico sobre sistema acusatorio, juicio oral y metodología de enseñanza del derecho.
Durante tres décadas ha sido abogado litigante, profesor universitario por 22 años y defensor público durante 13 años. Ha sido consultor en Programas de Fortalecimiento de la Justicia en Panamá, Perú, México, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Colombia. También fue consultor de Usaid (la agencia estadounidense para el desarrollo) en el Programa de Fortalecimiento de la Justicia. Antes de llegar a ser integrante de la Sala de Instrucción era conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte.
Héctor Alarcón Granobles:
Por dos años consecutivos ha sido el presidente y vocero de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Llegó a ocupar esta magistratura después de desempeñarse como magistrado auxiliar de Fernando Castro en la Sala Penal de la Corte Suprema e integrante de la comisión que investigó la parapolítica en Colombia. Ha sido abogado asesor en la Procuraduría, abogado asistente y abogado litigante.
En su despacho lleva las investigaciones contra varios de los implicados en el caso Odebrecht: acusó al exsenador Antonio Guerra de la Espriella y ahora investiga al representante Ciro Ramírez. También le correspondió, por reparto, la investigación por los perfilamientos que se hacían desde el batallón de Ciberinteligencia de Facatativá y que fueron revelados por la revista SEMANA.
Alarcón tiene la investigación preliminar contra el senador Armando Benedetti por su supuesto rol como cliente de la empresa de chuzadas dirigida por oficiales retirados y que ofrecía servicios de espionaje empresarial y a personalidades políticas para obtener beneficios económicos.
El magistrado Alarcón es egresado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, especialista en derecho penal y magíster en educación de la misma institución. Comenzó su vida laboral siendo oficial mayor en la Rama Judicial.
Francisco Javier Farfán:
Antes de llegar a la Corte Suprema, Farfán ya tenía una larga trayectoria en el sector público. Fue director de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, magistrado auxiliar de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, director de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, procurador delegado para la Moralidad Pública (e), procurador delegado para la Casación Penal y conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Farfán fue recibido en la Sala de Instrucción con la investigación contra el jefe guerrillero y ahora jefe de disidencias Jesús Santrich. Llegó a su despacho en momentos en que la Corte Suprema acababa de ordenar la libertad de Santrich y aunque su primera decisión fue citarlo a indagatoria, Santrich no acudió y se esfumó para la justicia. Su encargo en el caso Santrich fue temporal porque en realidad le correspondía a un despacho que duró interino hasta mediados del año pasado y que después ocupó el magistrado Misael Rodríguez.
Farfán actualmente está a cargo de la investigación contra Arturo Char, presidente del Congreso, por los señalamientos hechos por la exparlamentaria Aida Merlano. Y la investigación previa contra el senador Armando Benedetti por su supuesta responsabilidad en el desfalco al fondo de pensiones del magisterio de Córdoba.
Es abogado egresado de la Universidad de los Andes, especializado en ciencias penales y criminológicas en la Universidad Externado de Colombia, y en Derechos Fundamentales en la Universidad Complutense de Madrid.
Misael Rodríguez Castellanos:
Fue el último magistrado de la Sala de Instrucción en salir elegido; entró a formar parte de esta corporación hace apenas un año. Se venía desempeñando como procurador judicial, aunque la mayor parte de su carrera la ha hecho en la Fiscalía. Arrancó como investigador del CTI y escaló 
paulatinamente hasta llegar a ser fiscal delegado ante la Corte. Desde allí, abrió investigación por las chuzadas ilegales del DAS, caso que terminó en las condenas contra el exsecretario general de Palacio, Bernardo Moreno, y la exdirectora del DAS, María de Pilar Hurtado.
Rodríguez tiene en su poder la investigación contra Santrich por narcotráfico. También es el encargado de investigar la supuesta financiación de la campaña de Iván Duque a la Presidencia por parte del asesinado empresario José Guillermo el Ñeñe Hernández en la campaña contra Iván Duque.
Es abogado especializado en derecho penal y criminología de la Universidad Externado, con una experiencia de más de 26 años en la Rama Judicial y el Ministerio Público.
Marco Antonio Rueda:
Marco Antonio Rueda figuró recientemente en los medios de comunicación porque le correspondió, por reparto, la investigación contra el congresista Eduardo Enrique Pulgar. El político del Partido de La U fue denunciado públicamente por el periodista Daniel Coronell como el supuesto responsable de un millonario soborno a un juez de la costa.
Hace apenas unas semanas, Rueda viajó a Barranquilla para interrogar al juez Andrés Rodríguez del municipio de Usiacurí, a quien le habrían hecho el supuesto ofrecimiento de 200 millones de pesos con el propósito de manipular decisiones en casos relacionados a la Fundación Acosta Bendeck, el Hospital Universitario Metropolitano y la Universidad Metropolitana de Barranquilla.
Antes de llegar a la Sala de Instrucción, Rueda se venía desempeñando como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Es egresado de la facultad de derecho de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Cuenta con cuatro especializaciones realizadas en las universidades Autónoma de Colombia, el Bosque, Externado de Colombia y La Gran Colombia, en Derecho Público, Bioética, Derecho Penal y Casación Penal. Ha sido juez desde que comenzó su carrera, aunque por un tiempo se desempeñó como fiscal delegado ante la Corte.
