Por Manuel de Jesús (Chano) Báez
Los lunes de cada semana el Presidente se reúne con el director y la plana mayor de la Policía Nacional. En esa reunión está la ministra de Interior y Policía, y varios funcionarios del Gobierno y de la Reforma Policial. De seguro que el Presidente se informa de la situación de la delincuencia, la seguridad, de las actuaciones de los agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y de los desafueros de los de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett)
También se ha de suponer que en esas reuniones se trazan y revisan las políticas en materia de seguridad: violencia, delincuencia y nueva policía, entre otros.
Eso da la imagen de que la Policía tiene tres directores semanales: el Presidente, la ministra de Interior y el director de la institución policial.
Tres funcionarios que en discurso hablan de respetar los derechos de los ciudadanos dominicanos sin que se escuche decir que en los asesinatos que cada semana que ejecuta el Dicrim hay que hacer justicia y aplicar la justica de manera drástica, como la expresión presidencial en caso de la violación de los seis y la niña.
El gobierno guarda silencio absoluto y la policía dice intercambios de disparos con delincuentes fichados y con historial delictivo.
Ciento Setenta y Ocho (178) caídos van este año en los famosos “intercambios de disparos”. Todos como el caso de Santiago.
El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) solicitó a la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso y a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, que adopten las políticas públicas necesarias para garantizar que todas las muertes ocurridas en presuntos intercambios de disparos con agentes policiales sean investigadas
La leyenda nos dice que los heridos policiales, si los hubo, son las trampas “comicas” para justificar la pena de muerte que se aplica a los ejecutados.
No se entiende cómo del grupo de policías que le disparan con un fusil, una metralleta y con armas de distintos calibres apenas aparece uno con una simple herida de bala y todos los “delincuentes” muertos.
Lo de Santiago desnuda a la Policía y a al vocero, que de inmediato aparece con una fábula: El hombre se ha especializado en montar cuentos de mal humor en fracción de minutos.
Lo de Santiago lo retrata de cuerpo entero: cinco delincuentes. No parece no haber leído el quijote en el Quijote.
El vocero policial superó al más grande de los jabladores y calumniadores del siglo, olvidando que el barbero y el cliente tienen sus familias y que las cámaras del lugar hablan solas. Por eso se las arrancaron y se las llevaron.
Esto le dice al país que además de criminales, cometen el delito de ser violadores de la seguridad y propiedad privadas al sustraer medios y equipos que no son de su propiedad, con el firme propósito de esconder pruebas y las evidencias.
Esas acciones los identifican más como bandas de criminales y de malhechores que de policías.
Con razón dicen los ciudadanos que cuando llega la Policía ellos se sienten más inseguros que cuando están solos.
Con la Digesett
Lo mismo está ocurriendo con la Digesett. A esta Policía no se le puede sugerir, no se puede contestar ni negarse a entregar vehículos ni papeles. De inmediato le entran a puñetazos, golpean con la cacha de arma, arrebatan los vehículos a sus propietarios y conductores.
Cada lunes los agentes que supuestamente persiguen el delito, tanto contra ciudadanos, como por violación de las leyes del tránsito, salen furiosos, arrogantes y con una prepotencia que pareciera como si estuviera el país bajo una dictadura.
Al parecer los lunes se imparten orientaciones para que asuman que ellos son los jefes de los civiles.
El reglamento
“La aplicación por parte de los miembros de la Policía Nacional de técnicas, tácticas y métodos para garantizar que el ejercicio de los derechos de las personas será de conformidad con las disposiciones que la Constitución y las leyes regulan sobre el uso de la fuerza, por lo que este debe ser continuo y gradual, que va desde la presencia como medida disuasiva hasta el uso de fuerza letal”.
Párrafo I: En todo caso, la escala de fuerza permitida a los miembros de la Policía Nacional debe responder a los requisitos de necesidad y racionalidad y no puede tener otro objetivo que el hacer cumplir la Constitución y las leyes, salvaguardar el orden público y proteger los bienes jurídicos de las personas, y en ningún caso deberá violar los derechos humanos”.
¿Qué interpreta la Policía como uso de la fuerza?
En el párrafo II se establece: “…solo ante la imposibilidad de hacer cumplir la ley por medio del dialogo, la persuasión o la advertencia”.
Resulta que la policía no habla, dispara, lanza gases, dispersa, apalea, violentando el párrafo II del artículo 5 del Reglamento: “El empleo excesivo de la fuerza se convierte en violencia y es un acto arbitrario, ilegal, ilegitimo y brutal, razón por la que todo miembro de la Policía Nacional deberá tener claro que “fuerza no es violencia”.
El artículo 20 del Reglamento establece los principios del uso racional de la fuerza e invita al policía a observar las siguientes reglas: legalidad, racionalidad, congruencia o gradualidad, oportunidad.
A pesar del Reglamento y su conocimiento por los nuevos policías y la escuela, existen cuerpos como la Dicrim, que no asumen el reglamento y salen con expedientes premeditados, tanto así, que a minutos de ejecutar a ciudadanos el vocero anuncia un prontuario delictivo del ejecutado.
Así se irrespeta y viola la dignidad de la víctima y de su familia, la mayoría de veces con términos irritantes, soeces, zahirientes, inquina e insidiosos. Con ellos buscan que la ciudadanía este conteste con los horrendos crímenes que se cometen.
Son tan perversos que primero lo matan, después lo difaman y los convierten en delincuentes peligrosos, buscando que la ciudadanía se identifique con los criminales.
Lo que no razonan los que difaman a un muerto y lo acusan de ser delincuente peligroso es que el asesino de un ser humano, sea cual sea su delito o su falta, es un delincuente peligroso, que asesina, mata, golpea, tortura y se convierte en un peligro con poder, armado y protegido por una institución que supuestamente esta para garantizar la seguridad.
Unas cuantas preguntas
Hacia dónde quieren llevar al país el Presidente de la República, la ministra de Interior y Policía y el director de la Policía?
¿Se olvidó del artículo 69 de la Constitución Dominicana y sus 10 numerales?
¿Se olvidó el artículo 40 de la Constitución y sus numerales o se le olvidó a esos funcionarios y su Policía que el artículo 210, que le costó la vida a la familia Sánchez, fue erradicado de la Carta Sustantiva del país?
Las fuentes y medios de desarrollos de un país no son las ejecuciones, son las obras, son las inversiones, son el fortalecimiento y desarrollo de un aparato productivo, es fomentar la inversión, es financiar a los productores y a los que deseen desarrollar fuentes alternativas de subsistencias.
La juventud
Al margen de políticas de creación de fuentes, la juventud que delinque seguirá su camino para sobrevivir.
Ejecutan a un joven porque asaltó o se supuso que iba a asaltar un negocio. Sin embargo, el que se lleva 5, 10, 15, 20, 25 y hasta 30 mil millones de pesos anda en libertad, negocia con el Ministerio Publico, que le coloca medida de coerción para que viva en su residencia hasta que termine el juicio. A esos ningún policía va y los ejecuta, los golpea y andan como reyes por las calles del país.
Con el dinero robado en los últimos 26 años se construyen todas las escuelas que faltan, los hospitales, las carreteras, las universidades, las fuentes de empleos; pero es mejor seguir fortaleciendo la escuela de ladrones políticos y oligarcas, que detener a los corruptos y despojarlos de todo el dinero robado.
Seguir la ruta de las ejecuciones extrajudiciales es una violación al derecho a la vida que establece la Constitución y arrogarse derechos que no tiene la policía ni la Dicrim.
Ese ensayo de años, que se lleva cientos de jóvenes a la tumba, hay que detenerlo y el pueblo dominicano no debe seguir en silencio frente a estas barbaridades.
La Dicrim y la Digesett andan como los que están en bandolera.
Este cuerpo llamado Dicrim cada vez que sale a la calle no percuta y se lleva a uno y dos jóvenes a la tumba y enluta sus familias, que llenas de impotencias solo gritan “ya lo mataron”, “queremos justicia”.
Pareciera como si los lunes recibieran la orden de meter miedo Y para ejecutar a jóvenes que con delitos o no, se los llevan a la tumba.
Los hechos de Santiago son cinco muertos, entre ellos el peluquero de una barbería y no encuentran cómo justificar esas muertes.
También con la Digesett
Esto también se siente con la presencia de la Digesett. Los chequeos terminan en golpizas y arrestos forzosos, insultos, despojos de vehículos y motocicletas contra motoconchistas y conductores.
Todo parece ser del agrado de las autoridades civiles del gobierno…nadie dice nada. Pareciera que estamos en un régimen policiaco-militar.
A esta situación le precede que, si un periodista o un dominicano dice algo desagradable de uno de los funcionarios, fácilmente le buscan una orden de prisión y le solicitan medida de coerción o lo amenazan con llevarlo a la justicia.
¿Vamos camino a una dictadura?
¿Quién imparte las ordenes de matar, golpear, poner multas, quitar los vehículos, abusar de los conductores?
