Por Suny Florentino
Santo Domingo.- La radicalización del P.L.D. como organización política puede tener graves consecuencias para la sociedad y la estabilidad política en RD. Cuando un partido político se radicaliza, se aleja de las posiciones moderadas y se vuelve más extremista en sus opiniones y acciones. Esto puede generar una polarización en la sociedad, en la que los ciudadanos se ven obligados a tomar partido en una situación cada vez más polarizada y divisiva. Además, puede llevar a una pérdida de confianza en las instituciones democráticas y en el sistema político en su conjunto.
Otra consecuencia de la radicalización de un partido político es el riesgo de violencia política. Cuando los partidos políticos se radicalizan, es más probable que sus seguidores se sientan justificados para llevar a cabo acciones violentas y anárquicas como la que vimos en el palacio de justicia de ciudad nueva.
Esto puede generar una escalada de la violencia política en la que se producen enfrentamientos entre grupos radicales y se deteriora la seguridad ciudadana. Además, puede llevar a una mayor represión del Estado para mantener el orden, lo que puede tener consecuencias negativas para las libertades civiles y la democracia.
Es fundamental que el P.L.D. como partido político respete la independencia y autonomía del poder judicial y deje que la justicia haga su trabajo sin interferir en sus decisiones. La justicia es un pilar fundamental del Estado de Derecho y debe actuar de manera imparcial y objetiva, garantizando la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Los partidos políticos no deben intentar influir en los procesos judiciales ni utilizarlos con fines políticos, ya que esto puede minar la credibilidad de la justicia y la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.
Pagar entre 3 y 8 mil pesos a personeros para que se presenten a distintos lugares para crear un clima de miedo a la sociedad es muy bochornoso.
Además, cuando los partidos políticos respetan la independencia de la justicia, contribuyen a fortalecer la democracia y el Estado de Derecho, ya que se garantiza que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que las decisiones se toman de manera objetiva y justa. Esto ayuda a prevenir la corrupción y el nepotismo, y asegura que las decisiones políticas se tomen en base a argumentos sólidos y a la defensa del interés general, en lugar de en función de intereses partidistas. Por tanto, es fundamental que los partidos políticos respeten la independencia del poder judicial y dejen que la justicia haga su trabajo sin interferencias indebidas como en el caso “Calamar” entre otros.
