Por Ephraim Alburquerque
En República Dominicana los titulares vuelven a estremecer la conciencia nacional con una nueva operación anticorrupción: La operación Lobo.
Esta vez, el foco está sobre el sistema de salud pública, específicamente en la seguridad social, y más concretamente, en la Administradora de Riesgos de Salud del Estado (ARS) SeNaSa.
Lo que debía ser un canal de protección para los más vulnerables, ha sido convertido, presuntamente, en una red de enriquecimiento ilícito, sobornos y tráfico de influencias.
El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), ha desplegado esta operación tras una larga investigación.
La acusación no es menor: un entramado de funcionarios y cómplices que manipularon contratos, desviaron fondos, inflaron servicios médicos y usaron el poder del Estado como botín político y económico.
Las cifras aún no están del todo claras, pero se habla de cientos de millones de pesos que, en lugar de llegar a quienes necesitaban cobertura médica, acabaron en bolsillos particulares.
¿Cómo se llega a este punto en un país donde la salud pública ya es frágil, donde los hospitales están saturados, y donde tantos dominicanos esperan meses por una cirugía o un medicamento esencial?
La respuesta es tan vieja como lamentable: Impunidad, complicidad y falta de controles reales.
No basta con decir que se hará justicia después del escándalo. Hay que preguntarse qué se hizo para prevenirlo, quiénes miraron hacia otro lado, y por qué los mecanismos internos de auditoría y transparencia fallaron una vez más.
El SeNasa como entidad pública no solo maneja fondos: Maneja vidas.
Cada peso robado es una medicina no entregada, una diálisis suspendida, una madre que no recibe atención prenatal, o un anciano que muere esperando.
La corrupción aquí no es simplemente administrativa: Es criminal, moral y profundamente inhumana.
Pero hay algo más peligroso que el escándalo mismo: La desconfianza creciente en las instituciones del Estado.
Cuando se acumulan operaciones con nombres como Pulpo, Coral, Calamar, y ahora Lobo, el pueblo comienza a sentir que está atrapado en un zoológico de impunidad. Que la ley solo llega cuando conviene políticamente. Que los que roban con corbata reciben trato especial, mientras el pueblo enfrenta los rigores de un sistema insensible.
Es hora de exigir no solo justicia penal, sino justicia estructural.
Que el SeNaSa sea intervenido con criterios técnicos y éticos. Que se depuren responsabilidades administrativas. Que se instalen controles digitales, auditorías externas y mecanismos de participación ciudadana. Que el Estado entienda que el dinero público no es “de nadie”: es del pueblo.
La operación Lobo no debe ser simplemente un ladrido mediático. Debe marcar un antes y un después en cómo se gestiona la salud pública en República Dominicana.
Porque si no hay justicia para el enfermo pobre, para el trabajador sin seguro privado, para el niño con leucemia que depende del sistema… entonces, ¿para quién se gobierna?
