El tribunal detalló que el vallado habitual de su sede fue retirado sin previo aviso, aunque el perímetro de la institución fue militarizado en su totalidad, en un despliegue considerado “inusual”.
En cuanto a los carteles con las fotos de los magistrados junto a la frase “Estos son los jueces que nos están robando la paz”, la Corte señaló que, además del riesgo a su seguridad, afecta directamente a la independencia de ese organismo.
Si bien reconoció el derecho a la protesta pacífica, la Corte recordó la existencia de “espacios apropiados para el debate” sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas y en ese sentido mencionó que las audiencias públicas iniciarán el 18 de agosto próximo.
“Se recuerda a la ciudadanía que este organismo no ha tomado ninguna decisión de fondo respecto a las leyes impugnadas, mismas que están siendo tratadas con la máxima celeridad, objetividad y apego a la Constitución”, aclaró la Corte.
La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, aseguró esta mañana que las vallas no fueron financiadas con fondos públicos y apuntó que el objetivo de la manifestación es conocer si la Corte está del lado de los ecuatorianos y sus preocupaciones.
El jurista Joffre Campaña calificó como “grave” y “sin precedentes” la instalación de los carteles con la imagen de los jueces, lo cual en su opinión es una campaña concertada del Gobierno contra la Corte que podría configurarse en un delito de instigación.
En entrevista con la emisora local Radio Pichincha, Campaña advirtió que este tipo de mensajes puede poner en riesgo la integridad de los letrados, pues los expone ante la ciudadanía como responsables directos de la crisis de seguridad.
Noboa rechazó la decisión de la Corte Constitucional de frenar parcialmente la Ley de Inteligencia, la de Integridad Pública y la de Solidaridad Nacional, que fueron aprobadas en la Asamblea Nacional (Parlamento), pero enfrentan una veintena de demandas de inconstitucionalidad.
Para el mandatario, el hecho de que la Corte haya suspendido parte de esas normativas hasta analizar con profundidad los pedidos de impugnación, se trata de una ofensiva política para frenar su agenda de seguridad y reforma institucional.
En medio de ese pulso, el gobernante convocó a la marcha de este martes, que según la Unión Nacional de Educadores contó con la participación de servidores públicos obligados a movilizarse mediante engaños, mentiras, chantajes y coerción.
