Puerto Príncipe, Rezo Nòdwès.- El director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) recuerda que la legislación haitiana prevé mecanismos legales para sancionar los abusos mediáticos que puedan perjudicar el buen funcionamiento de la sociedad.
La promoción de mensajes violentos por parte de los líderes de las bandas es inaceptable, según Pierre Espérance.
La decisión del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) de suspender el programa Boukante Lapawol (Intercambio de palabras) llega tarde, según el defensor de derechos humanos.
Ante violaciones sistemáticas de determinadas normas éticas, el organismo regulador debería actuar desde el principio para evitar cualquier desvío, declaró Espérance. «Invitar a los líderes de las bandas a defender sus actividades criminales o a apoyar a los criminales responsables de asesinatos, violaciones y secuestros constituye un insulto a la población».
En un contexto en el que la violencia orquestada por grupos criminales está obligando a miles de familias a huir de sus hogares, promover tales actividades en transmisiones con una gran audiencia es escandaloso, considera.
Pierre Espérance aplaude la suspensión de Boukante Lapawol e insta a las autoridades judiciales a investigar el patrimonio de los periodistas asociados a estas prácticas insalubres y nocivas que pretenden desestabilizar la sociedad.
Acusa a ciertos líderes de opinión de mantener vínculos con delincuentes y de realizar negocios con terroristas.
Según él, la justicia debe identificar a los responsables y dar ejemplo para frenar estas violaciones.
Los medios extranjeros
En cuanto a los medios de comunicación extranjeros que entrevistan regularmente a los líderes de las bandas en Haití, Pierre Espérance señala que, a diferencia de sus homólogos haitianos, estos periodistas se contentan generalmente con difundir extractos de las intervenciones de los criminales, sin convertirse en sus cómplices.
Recuerda que los medios de comunicación haitianos están sujetos a las disposiciones legales nacionales e insta a CONATEL, así como a los fiscales de las jurisdicciones de la República a utilizar las herramientas legales disponibles para reaccionar ante estos hechos flagrantes.
