Por Djovany MICHEL
Puerto Príncipe.- El caso de corrupción en el Centro Nacional de Equipamiento (CNE) ha sido objeto de un preocupante silencio judicial, a pesar de las citaciones emitidas por el juez de instrucción Al Duniel Dimanche contra expresidentes como Michel Martelly y Jocelerme Privert.
Estos altos funcionarios, junto con exprimeros ministros como Laurent Lamothe, Joseph Jouthe y Jean-Max Bellerive, están acusados de contribuir al despilfarro de maquinaria pesada perteneciente al Estado. Sin embargo, ninguno de ellos ha comparecido ante el tribunal hasta la fecha.
Incluso se emitieron dos órdenes de arresto contra Jude Célestin, exdirector general del CNE, y Kineton Louis tras su negativa a comparecer ante el tribunal. Se les sospecha de complicidad en la apropiación indebida de bienes públicos y robo de título, respectivamente. El contundente informe de la ULCC, publicado el 15 de noviembre de 2023, menciona la desaparición o apropiación indebida de 78 materiales públicos, ahora en manos de poderosas figuras políticas.
A pesar de la gravedad de estas revelaciones, el sistema judicial haitiano parece estar estancado, incapaz de imponer restricciones reales a estas figuras del antiguo régimen. La ciudadanía se pregunta: ¿por qué no se toman medidas concretas? ¿Por qué estas figuras, protegidas por redes de influencia y, en algunos casos, sancionadas por la comunidad internacional por financiar el terrorismo, siguen eludiendo toda responsabilidad?
El pueblo haitiano tiene derecho a exigir un impulso al sistema judicial. ¿Por qué se entierra este caso? ¿Hasta cuándo tolerarán los poderosos la impunidad mientras ciudadanos comunes se consumen en prisión por delitos menores?
La inacción en este caso no solo es un fracaso de la justicia, sino una bofetada a toda una nación que busca la verdad, la justicia y la dignidad.
