Por Santo S. Cuevas Peña
Tamayo.- Es una práctica vieja en la que el gobierno participa, dice el agrónomo Manuel Antonio Pérez Canario. “Y se aplica en las provincias sureñas Barahona, Bahoruco e Independencia por órdenes de los ejecutivos del Consorcio Azucarero Central (CAC), la empresa arrendataria del estatal Ingenio Barahona”, dijo para referir sobre la cosecha y posterior demolición de plantaciones agrícolas en la región Sur.
El dirigente de los productores agrícolas sureños recordó que un acuerdo firmado con el gobierno en 1999 establece el respeto de las pequeñas propiedades agrícolas de hasta 50 tareas cultivadas por los campesinos hacen 50 años y más.
Pérez, conjuntamente con productores agrícolas afectados, denunció lo que llamaron “la última andanada” que atribuyeron al CAC “y guardias y policías que pagamos con nuestros impuestos”.
El reclamo de los productores
Alcibíades Ogando Féliz dijo que sufrió amenazas de parte de los efectivos del Ejército de República Dominicana y de la Policía cuando intentó saber sobre las razones por las que arrasaban con sus cultivos de plátano, guineos, cocos y otros.
De acuerdo con Ogando, la demolición abarcó plantaciones en vigor de hasta 50 años.
Eso que hicieron en mi parcela ubicada en Uvilla “fue un acto criminal”, declaró Francisco Féliz Rodríguez.
Según el relato de Féliz, los “depredadores” fueron con 20 guaguas y equipos pesados y “se llevaron todos los productos como cocos, plátanos y rulos que cosecharon antes de demoler las plantaciones”.
A uno de sus compañeros propietarios de los terrenos le habrían arrebatado el teléfono, golpeado y apresado, según el mismo testimonio.
Yo tengo 30 tareas con 200 matas de cocos entre los platanares y a las seis de la mañana veo que en mi conuco los guardias y policías arrasan con todos los sembrados, declaró el productor agrícola.
Féliz contó que le arrebataron el celular cuando filmaba las maquinarias cuando tumbaban y arrasaban su “conuco y un joven amigo que protestó le golpearon de manera inmisericorde y se lo llevaron preso. “Habían más de 200 policías y guardias, tantos que paralizaron el tránsito entre Mena, Santa Bárbara el Seis y El Jobo”.
Jesús Antonio Alcántara se quejó de que ni siquiera le notificaron antes de emprender hacia la destrucción de sus cultivos.
Andrés Olegario Méndez refirió que en 1999, cuando el gobierno de (del expresidente) Leonel (Fernández), “se hizo un acuerdo dice se debía hacer una permuta cuando no había acuerdo” .
Según Méndez, los dueños del CAC no son dominicanos, sino guatemaltecos. “Nosotros sí somos de aquí, pero ellos y esas tierras no son de ellos, sino de nosotros”.
De su lado, José Antonio Nova dijo que los productores agrícolas ahora no saben de qué vivir y conseguir para sustentar a sus familias.
