Santo Domingo – El Foro Feminista Magaly Pineda denunció que el proyecto de Código Penal que está a punto de ser aprobado por la Cámara de Diputados tiene serias deficiencias, promueve la impunidad y desprotege los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Explicó que el proyecto que actualmente se discute en la Cámara de Diputados fue aprobado en el Senado sin lectura, análisis ni discusión, y contiene varios artículos controversiales que se encuentran en contravía del derecho penal moderno y que mantienen al país inmerso en una legislación obsoleta, arcaica e inhumana.
En primer lugar, el artículo 14, establece la exclusión de los miembros de las instituciones religiosas de toda responsabilidad penal, lo que significa impunidad total e inmediata para los delitos cometidos por sacerdotes, pastores u otros miembros de la iglesia. De esta manera, las iglesias y sus miembros se encontrarían por encima de la ley y sus delitos no podrían ser investigados por las autoridades judiciales, lo que genera amplio rechazo popular en un país que ha sido infame por encubrir y resguardar a sacerdotes que han violado y abusado de menores de edad. Casos cómo el del sacerdote Alberto Gil, quien se vio involucrado en pornografía de menores de edad y el Jozef Wesolowski acusado de pedofilia no serían judicializados, al igual que el caso del pastor evangélico Victor Manuel Kery acusado de violar a más de siete niños y niñas.
Por otra parte, desprotege a la niñez frente el castigo físico y no suspende la autoridad parental en casos de violación, incesto o agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Así las cosas, se legitima la violencia intrafamiliar y se abandona a los menores de edad, quienes deberían tener una protección especial según la ley y los tratados internacionales.
Denunció que el artículo 185 elimina la orientación sexual como causa de discriminación y, además, permite evitar las penas establecidas porel mismo artículo si se invoca la libertad de conciencia, “con decir que la norma contradice sus creencias es suficiente para cometer actos de discriminación sin penalidad alguna”.
Con este Código Penal, además, República Dominicana continuará con la prohibición total del aborto, situación que impide a las niñas y mujeres acceder a tratamientos médicos de calidad cuando sus embarazos son de alto riesgo, condenándolas tácitamente a una condena de muerte. De entrar en vigencia el Código Penal que se discute en el congreso, las historias de las niñas y mujeres como Rosaura Almonte Hernández (Esperancita), quién murió porqué se le negó la quimioterapia que podía salvar su vida porque tenía unos días de embarazo serán cada día más comunes en el país.
También en el artículo 130 desprotege a las mujeres víctimas de violencia de pareja, dejando fuera la retención y guarda de armas de fuego propiedad del agresor, sin considerar que centenares de mujeres dominicanas han sido víctimas de feminicidio porque las autoridades permitieron a sus agresores seguir armados.
“El congreso dominicano en vez de avanzar en la protección de los derechos fundamentales y actualizar su legislación a los tiempos modernos, está condenando a sus ciudadanos a vivir bajo el yugo de una legislación medieval y excluyente”, ponderó.
