El reclamo de la delegación del PIP, integrada por Denis Márquez, Adriana Gutiérrez y Nelie Lebrón Robles, surge al trascender que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Servicio de Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos solicitaron al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) información sobre unas seis mil personas con licencia de conducir bajo una ley local que permite a inmigrantes con estatus irregular obtener ese documento.
“El gobierno de Puerto Rico no puede seguir siendo cómplice mientras se mancilla la dignidad de las comunidades inmigrantes en Puerto Rico, que ya están integradas plenamente en nuestra sociedad, y contribuyen en todos los ámbitos de nuestras vidas”, expresó Gutiérrez.
La integrante de la Cámara de Representantes emplazó a la gobernadora Jenniffer González a que “imparta instrucciones claras a la Secretaría del DTOP a no proveer ninguna información al gobierno federal para rastrear y perseguir a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes”.
“Le recordamos al actual gobierno que toda persona tiene derecho a la protección de su información privada y confidencial; acceder a lo solicitado por las autoridades federales sin una orden judicial es contraria a su deber de proteger ese derecho”, reiteró la diputada del PIP, quien es abogada.
En tanto, Márquez y Lebrón Robles recordaron que en febrero pasado la delegación del PIP sometió el Proyecto 331 dirigido a proteger derechos fundamentales de las comunidades inmigrantes en Puerto Rico, por petición de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés).
“Las nuevas prioridades en la aplicación de las leyes de inmigración no son un cheque en blanco para la violación de los derechos fundamentales; la protección de los derechos humanos de las personas independientemente de su estatus migratorio u origen étnico o nacional, debe ser una prioridad de la Asamblea Legislativa”, expresó Márquez.
Mediante la búsqueda de protecciones a los hermanos y hermanas emigrantes que son parte integral de la sociedad puertorriqueña. Este proyecto de ley es una propuesta para proteger su vida y sus derechos en sus espacios de convivencia, salud, educación, entre otros
Según precisaron los tres legisladores del PIP, la medida establece los parámetros legales bajo los que se regirán las interacciones entre las autoridades locales y las federales de emigración para que sea en cumplimiento con el estado de derecho, estatal y federal vigente.
“Las órdenes del presidente Donald Trump cambiaron las prioridades en la ejecución de las leyes de inmigración, pero no las protecciones constitucionales como el derecho a no ser arrestado sin una orden judicial. Nuestras comunidades son más prósperas, saludables y seguras si acceden a servicios esenciales y ejercen sus derechos fundamentales sin miedo”, indicó por su parte Lebrón Robles.
