Verón-Punta Cana. – Las autoridades del Distrito Municipal de Verón-Punta Cana denunciaron que el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVIE) está obstaculizando de manera ilegal las funciones que le corresponden por ley a su Oficina de Planeamiento Urbano, creada conforme a lo establecido en el artículo 199 de la Constitución y la Ley 368-22.
Verón, que fue elevado a Distrito Municipal mediante la Ley 386-06 y cumple ampliamente con los requisitos de población y desarrollo económico exigidos por la legislación vigente, ha iniciado los trámites correspondientes para hacer valer su autonomía territorial. Para ello, intimó al Ministro Carlos Bonilla a través del Acto de Alguacil No. 711/2025, exigiendo el cumplimiento del artículo 24 de la Ley 368-22, que otorga competencia directa a los distritos que superen los 15 mil habitantes para tener su propia Oficina de Planeamiento Urbano. Verón cuenta con más de 135 mil habitantes, más de 65 mil habitaciones hoteleras, y genera el 14% del PIB nacional, siendo además sede del aeropuerto más activo del país.
Pese a esto, el Ministerio de la Vivienda se niega a recibir los expedientes de obras y proyectos gestionados desde Verón, generando retrasos, perjuicios económicos y trastornos a la población y al desarrollo de la zona.
Durante una rueda de prensa encabezada por el director municipal Ramón Antonio Ramírez (Manolito) y los vocales de la Junta, se denunció además que esta situación se produce en alianza con autoridades del Municipio de Higüey, con la intención de arrebatarle facultades propias a Verón.
“El Gobierno no puede transferir arbitrariamente los recursos de Verón a otro municipio ni obstaculizar sus competencias legítimas. Lo que está ocurriendo es una intromisión del Poder Ejecutivo en la autonomía municipal, lo cual es contrario a la Constitución”, expresaron las autoridades locales.
En vista de esta situación, la Junta Municipal de Verón aprobó la contratación del abogado Ángel Lockward, quien asumirá la representación legal del distrito para exigir el cumplimiento de la Ley 368-22 y reclamar los daños ocasionados por esta negativa del MIVIE.
“La pregunta es: ¿para qué sirve una ley si el propio Gobierno que la aprobó se niega a cumplirla?”, cuestionaron durante el encuentro con la prensa.
