viernes, agosto 29, 2025
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    El principal movimiento político sugiere disolver el Consejo Presidencial haitiano

    Santo Domingo.- Un año después de la creación del Consejo Presidencial de Transición (CPT), la Oficina de Seguimiento del Acuerdo de Montana (BSA), que inicialmente apoyó el proceso nombrando a Fritz Alphonse Jean y luego apoyando su candidatura a presidente de turno -mesa rotatoria-, rompe públicamente con este experimento político, según reseñan los medios haitianos.

    El periódico Rezo Nòdwès se hizo eco de un comunicado publicado el 3 de abril de 2025, en el que el  BSA exigió la disolución inmediata del CPT, al que acusó de haber traicionado su misión, caído en la opacidad y comprometido cualquier perspectiva de retorno a un gobierno legítimo en Haití,  .

    Esta ruptura, que compromete la responsabilidad moral y política de uno de los principales iniciadores del Acuerdo de Montana, se produce en un contexto de descrédito acelerado del Consejo.

    ¡El KPT (Consejo Presidencial de Transición) debe irse! Debe preparar una salida ordenada mientras avanza la concertación para construir otra gobernanza entre las fuerzas organizadas que hoy resisten contra la muerte y la desaparición de la nación (…), dijo el Acuerdo de Montana en un comunicado

    Integrado por figuras cooptadas a través de compromisos políticos impuestos, especialmente bajo presión regional e internacional, el CPT recibió la delicada tarea de pilotar la transición posterior a Jovenel Moïse.

    La Oficina de Vigilancia había aceptado, no sin tensiones internas, participar en este proceso, con la esperanza de preservar un mínimo de influencia ciudadana en una arquitectura en gran medida dominada por aparatos partidarios e intereses extranjeros.

    Sin embargo, según los firmantes de esta declaración –entre ellos Monique Clesca, Magali Comeau Denis, Jean-Claude Barré, Camille Chalmers y otros actores de la sociedad civil–, «el Consejo Presidencial no ha logrado encarnar el espíritu de una transición democrática e inclusiva».

    Por el contrario, agregan los dirigentes del BSA, el CPT habría consolidado la lógica de captura de poder, los acuerdos clientelistas y el descuido de los imperativos urgentes de seguridad, gobernanza, transparencia y justicia social.

    La calificación de 14 sobre 100 otorgada por Transparencia Internacional al CPT es citada como un «indicador dramático de su bancarrota moral y administrativa».

    Más grave aún es la implicación de tres miembros del Consejo en un escándalo de robo en el Banco de Crédito Nacional, un hecho que se suma a las recurrentes acusaciones de malversación de fondos, enriquecimiento personal y favoritismo.

    El CPT, lejos de sentar las bases de un nuevo orden democrático, se ha convertido, según el BSA, en un órgano de poder discrecional, opaco e ilegítimo.

    La declaración del 3 de abril llega poco después de una declaración pública de Fritz Jean, el actual coordinador del CPT, anunciando que la institución dejaría el poder el 7 de febrero de 2026.

    Para el BSA, este anuncio es parte de una táctica dilatoria.

    Se trataría de enmascarar un deseo de prolongar un régimen de facto, sin base popular ni fundamento constitucional, mientras se preparan elecciones organizadas bajo supervisión política, con el objetivo demostrado de neutralizar la oposición crítica y manipular el marco electoral.

    Al denunciar la voluntad del Consejo de dejar de lado la Constitución de 1987 e introducir una nueva carta política sin consulta popular, la Oficina de Vigilancia advierte del riesgo de un giro autoritario disfrazado de reforma institucional.

    Este compromiso, sumado a la incapacidad manifiesta del CPT para restablecer la seguridad, aliviar la pobreza o responder a la emergencia humanitaria, justifica, según la BSA, una ruptura inmediata.

    Por lo tanto, la Oficina de Seguimiento del Acuerdo de Montana pide la disolución del Consejo Presidencial de Transición y la implementación urgente de un marco de transición alternativo.

    Esto debe basarse en una conferencia nacional soberana, la participación efectiva de los sectores populares, el establecimiento de un mecanismo de justicia transicional y la reafirmación del principio de la soberanía popular como base de cualquier reconstrucción.

    Esta posición, por su gravedad y la estatura de sus firmantes, marca un punto de inflexión en el panorama político haitiano.

    Revela, asimismo, la profundidad del desencanto con una transición que, a los ojos del BSA, fue simplemente una continuación del antiguo orden bajo otro nombre.

    Al denunciar una traición a la transición, la Oficina de Monitoreo del Acuerdo de Montana busca redirigir el debate nacional hacia una demanda de legitimidad, responsabilidad y justicia.

    La ruptura con Fritz Alphonse Jean y el rechazo del marco transicional actual no son pues simples ajustes tácticos: constituyen un acto de responsabilidad política y un intento de reinscribir la transición haitiana en el horizonte del derecho, la inclusión y la dignidad nacional.

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