San Juan, 9 jun (Prensa Latina) Las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Cámara y Senado lanzarán una ofensiva para garantizar los derechos fundamentales de las comunidades inmigrantes en Puerto Rico, sometidas hoy a persecución por las autoridades estadounidenses.
El portavoz del PIP en la Cámara de Representantes, Denis Márquez, indicó que se trata de una medida para la consideración de las legislaturas municipales dirigida a establecer política pública para la protección de lugares sensibles por su importancia en el ejercicio de derechos fundamentales, clarificar y uniformar los parámetros legales que regirán con las autoridades federales de inmigración.
Annette Martínez, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU-PR), hizo hincapié en que “ninguna persona es ilegal” y que “cruzar una frontera no convierte a una persona en un delincuente”, por lo que todas las personas deben ser “tratadas con dignidad y respeto”
En febrero las delegaciones del PIP sometieron los proyectos 331 en la Cámara de Representantes y el 379 en el Senado por petición de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), para garantizar los derechos fundamentales de las comunidades inmigrantes en Puerto Rico.
“Ante la inacción del liderato legislativo para considerarlos, y el recrudecimiento de las redadas tras la vergonzosa docilidad con la que el gobierno entregó información de seis mil personas a las autoridades federales, hemos adaptado los proyectos en una ordenanza municipal para que nuestros legisladores las sometan y dotar a los municipios de una herramienta en defensa de nuestras comunidades inmigrantes”, subrayó Márquez.
Las diputadas Adriana Gutiérrez y Nelie Lebrón Robles explicaron que la ordenanza municipal establecería los parámetros legales bajo los que se regirán las interacciones entre las autoridades municipales y las federales de emigración para que sea en cumplimiento con el estado de derecho, estatal y federal vigente.
“Esta obligación de proteger se extiende a toda la población migrante, tengan documentos o no. Así que nosotros como frente estamos exigiendo que en Puerto Rico, aunque parezca loco, este es el momento del Gobierno de Puerto Rico de adoptar una política clara de adopción de la población migrante y de sus familias”, clamó Martínez
Gutiérrez y Lebrón Robles pusieron como ejemplo la situación ocurrida con una mujer inmigrante de nacionalidad dominicana que fue arrestada por las autoridades federales luego de que un policía municipal en Cabo Rojo alertara a las agencias de inmigración mientras buscaba información en la alcaldía para establecer un negocio ambulante.
“En esta situación tenemos a un guardia municipal que, según el alcalde, actuó por cuenta propia cuando decidió alertar a las autoridades federales para que arrestaran a la mujer dominicana, sin haber cometido delito alguno, con permiso de trabajo en los Estados Unidos y sin una orden judicial; con nuestra iniciativa se establecen los parámetros para garantizar que no se continúen violentando los derechos de nuestras comunidades inmigrantes”, indicó Gutiérrez.
Márquez Lebrón había advertido anteriormente “que las nuevas prioridades en la aplicación de las leyes de inmigración no son un cheque en blanco para la violación de derechos fundamentales”.
“La protección de los derechos humanos de todas las personas independientemente de su estatus migratorio u origen étnico o nacional, debe ser una prioridad mediante la búsqueda de protecciones a los hermanos y hermanas emigrantes que son parte integral de la sociedad puertorriqueña”, insistió la legisladora independentista.
Los tres diputados no descartaron otras iniciativas en solidaridad con las comunidades inmigrantes en Puerto Rico asediadas desde el comienzo del segundo mandato de Donald Trump.
