Nueva York, Rezo Nòdwès.- Un informe condenatorio presentado por expertos de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad detalla una situación crítica en Haití desde la adopción de la resolución 2653 en 2022. Las condiciones de seguridad han empeorado, principalmente en los departamentos de Oeste y Artibonito, donde la violencia armada y las violaciones de derechos humanos se están intensificando.
Ariel Henry, recordemos, ocupó el cargo de Ministro del Interior bajo la presidencia de Michel Martelly en 2015. ¿Está intacta su reputación?
Las pandillas están expandiendo su control a nuevos territorios, afectando a todo Puerto Príncipe. Las cifras son alarmantes: el 80% del área metropolitana está bajo su influencia, dejando sólo el 20% a salvo de sus incursiones.
La situación se ve exacerbada por la ausencia de representantes electos, marcadas divisiones políticas y una difícil transición política. Estos factores obstaculizan la gobernanza eficaz frente a las crisis sociales, económicas y de seguridad. La organización de elecciones cruciales sigue siendo incierta.
LAS ÉLITES IMPULSAN LAS BANDAS: Prophane Victor, para asegurar su elección en 2016, empezó a armar a jóvenes de Petite Rivière, que luego formaron la banda Gran Grif, actualmente la más importante del Departamento de Artibonito. Youri Latortue, expresidente del Senado, financió a la banda Kokorat San Ras, un grupo extremadamente violento, según los expertos de la ONU, precisando «habiendo recibido recientemente un vídeo en el que Barbecue declaraba que el señor Latortue le había dado 30.000 dólares. Martelly financió varias bandas, como Base 257, Village de Dieu, Ti Bois y Grand Ravine. Los utilizó para ampliar su influencia en los barrios y promover su agenda política, contribuyendo a un legado de inseguridad cuyos efectos aún se sienten. El Panel también dice que tiene “evidencia de que Reynold Deeb financia a miembros de pandillas para proteger su negocio y asegurar el transporte de los bienes que importa”
Desde el poder
La economía haitiana está bajo el control de un grupo selecto de familias influyentes que anteponen sus intereses comerciales a la estabilidad del país. Las élites económicas y políticas se apoderan de los recursos públicos, utilizan las pandillas y la violencia para promover sus objetivos políticos o económicos, socavando el Estado de derecho para preservar su impunidad. Esta situación amenaza la paz y la seguridad nacional.
A pesar de las sanciones impuestas a determinadas personalidades haitianas, las bandas parecen estar ganando autonomía al diversificar sus fuentes de ingresos. Sin embargo, la colusión entre pandillas y miembros de la élite política y económica no ha desaparecido por completo.
El informe destaca la creciente cooperación entre la coalición G-Pèp y sus aliados en Puerto Príncipe, que están diversificando sus ingresos mediante secuestros para pedir rescate, fortaleciendo así su capacidad de combate. Johnson André, alias «Izo», se convierte en una figura importante dentro de la alianza G-Pèp, proporcionando apoyo en hombres y armas de fuego. Por otro lado, Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, al frente de la alianza “Familia y Aliados G9”, lidera ataques violentos contra barrios rivales, provocando numerosas víctimas.
El departamento de Artibonito, al norte de la capital, también se ve afectado por un aumento de la violencia de las pandillas, que cometen crímenes abominables contra la población y la policía.
Martelly: Una gestión basada en las bandas
El informe también señala a Michel Martelly, expresidente de 2011 a 2016, acusado de haber utilizado las bandas para ampliar su influencia política, contribuyendo así a una inseguridad persistente.
Los informes indican que Martelly financió a varias pandillas proporcionándoles fondos y armas de fuego. En particular, supuestamente creó la banda “Base 257”, involucrada en graves actos delictivos. Martelly presuntamente estableció relaciones con otras pandillas a través de intermediarios, amenazando así la estabilidad del país.
Otras figuras políticas, como Prophane Victor y Youri Latortue, también están acusadas de financiar y apoyar a las pandillas, alimentando el ciclo de violencia e inseguridad en Haití.
Este alarmante informe de la ONU expone la gravedad de la situación en Haití y destaca la necesidad de tomar medidas para poner fin a la influencia destructiva de las pandillas y sus partidarios políticos y económicos.
