Por Orlando Gómez Torres
Irresponsablemente una parte del liderazgo polìtico nacional se ha montado en el carril de apoyar la propuesta de entregar el 30% de los fondos en las cuentas de capitalización individual a sus titulares, sin ningún tipo de análisis de costo-beneficio que respalde la propuesta. Veamos.
El 30% de los valores en los fondos de pensiones ascienden a cerca de $220 mil millones de pesos. La mayor parte de estos fondos se encuentran en títulos de Hacienda y Banco Central.
Si esa cantidad o una que se le aproxime es forzosamente liquidada para entregar de golpe los fondos a los afiliados, el primer efecto sería aumentar dramáticamente las tasas de interés para toda la economía, encareciendo el crédito justo cuando este más se necesita para poder reactivar los negocios.
Como el mercado local carece de la liquidez necesaria para poder hacer frente a la abrumadora oferta que vendría de las AFP para poder entregarle su 30% a los trabajadores, el Banco Central se vería forzado a intervenir inyectando esa liquidez.
A modo de referencia recordemos que la inyección de liquidez realizada para salvar a los ahorrantes de Baninter fue de $55 mil millones, y todos sabemos las consecuencias de eso. La propuesta implica inyectar cuatro veces lo que se inyectó cuando Baninter.
Naturalmente, ese golpe de efecto monetario va a tener un impacto en el 70% de lo que quedaría para pensionarnos, el cual vería su valor real reducirse de forma astronómica. Si ahora es probable que nuestras pensiones no vayan a ser buenas por la forma en que está regulado el sistema, esta medida garantizaría que esas pensiones permanezcan precarias e insuficientes.
Tal y como estamos ahora, sin irresponsablemente retirar 30% de los fondos, es necesario duplicar la recaudación y la rentabilidad de los fondos cada año por los próximos 15 años, para cuando llegue el momento de retirarnos lo hagamos con una pensión medianamente. Retirar ese 30% podría triplicar esas necesidades.
Dada esas circunstancias lo que probablemente ocurra es que República Dominicana adopte un sistema de reparto o un sistema mixto, donde las pensiones de todos nosotros se tendrían que recaudar con impuestos y emitiendo deuda pública, sirviendo como una carga adicional a nuestra ya complicada situación fiscal y tributaria.
La propuesta de entregar el 30% de los fondos de las cuentas de capitalización individual para atender la situación de la pandemia hay que llamarla por lo que es, una irresponsabilidad. Cualquier análisis superficial de esa propuesta claramente muestra que sólo agregaría más problemas a una situación de por si muy delicada.
