Por Beatriz Castañeda Aller
Madrid, Diario Red.- Ocho puntos recogidos en una carta ha sido el precio a pagar por la retirada de las tropas estadounidenses del territorio sirio. De dos mil efectivos a menos de mil, según el Pentágono. La embajadora interina de Estados Unidos ante la ONU, Dorothy Shea, los enumeró públicamente en el Consejo de Seguridad el pasado viernes 25 de abril. Son los requisitos para la consolidación de la presencia estadounidense en Siria, acompañada de una retirada, algo más lenta, de las sanciones económicas que han ahogado al país durante los últimos catorce años. El nuevo ministro de Asuntos Exteriores sirio los escuchaba obediente, en representación de un recién conformado Gobierno transicional que se atribuye la hazaña de haber diseñado la nueva Siria.
“Una nueva historia está siendo escrita para Siria… todos la estamos escribiendo”, declaraba el presidente sirio al-Sharaa en su segunda toma de posesión, el pasado 31 de marzo. Pero más que un historiador, el presidente ha demostrado ser un diplomático. Desde que se deshiciera de su barba, su turbante y, con ellos, su nombre de guerra, al-Golani, el saudí ha desempeñado la tarea de mediar en la compleja red de intereses internacionales y multiétnicos con intereses en Siria. Lo primero con un éxito aparente mayor que lo segundo, pues mientras Estados Unidos y la Unión Europea estrechan sus relaciones con el país, grupos tan influyentes como el pueblo kurdo sigue sin reconocer la legitimidad del nuevo gobierno y su constitución.
El Ejército sirio asumió el control de la base militar de Al-Shaddadi, en la provincia de Hasakah, en el noreste del país, tras coordinarse con funcionarios estadounidenses. El anuncio se produce días después de que el Ministerio de Defensa informara que las fuerzas sirias tomaron el control de la base de Al-Tanf, que hasta entonces ocupaban tropas estadounidenses
La renovada bandera de Siria, que ondeaba el pasado 25 de abril durante la lectura de la carta estadounidense en el Consejo de Seguridad de la ONU, se vio por primera vez en suelo sirio en diciembre de 2024. El grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) había derrotado al expresidente Basar al-Àsad, representante del partido Baaz, prometiendo traer con ello una nueva estabilidad al país. Damasco estalló en celebraciones por el fin de una larga etapa autoritaria. Parecían olvidar que la primera vez que al-Sharaa había pisado suelo sirio tenía como objetivo expandir el autoproclamado Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) en Siria, por orden de Abu Bakr al-Baghdadi, califa del ISIS. El proceso constitucional abierto por el nuevo gobierno desde inicios de 2025 prometía asentarse sobre unas bases de representatividad y democracia que, en su redacción final, despiertan nuevamente las dudas de quienes guardan memoria.
“La pluralidad debe ser la ley de la nueva Siria”, declaraba Ilham Ahmed, representante de Relaciones Exteriores de la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria (AANES), territorio mayoritariamente kurdo, en Bruselas el pasado marzo, “el gobierno debería estar muy abierto de mente”. En su lugar, la nueva constitución anunciada por al-Sharaa a mediados de marzo señala la jurisprudencia islámica como “la principal fuente” de legislación. Aunque establece la separación de poderes, el legislativo y el ejecutivo dependen mayoritariamente de la voluntad del presidente.
La nueva carta magna ha sido celebrada internacionalmente, pero no así por algunos sectores en el interior del país. La oposición más destacada es la del pueblo kurdo
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De acuerdo a la nueva constitución, un tercio de los miembros de la Asamblea del Pueblo, órgano legislativo, son directamente designados por el ejecutivo, quien puede negarse razonadamente a firmar una ley aprobada por Asamblea. El poder judicial está regido por un Tribunal Supremo Constitucional compuesto por siete miembros, también nombrados por el presidente. Por el contrario, no es necesario que el poder ejecutivo sea ratificado por la Asamblea. Aunque la declaración tiene un carácter transicional y, por tanto, de una temporalidad anunciada de cinco años, tan solo en el apartado relativo al poder legislativo se especifica la temporalidad de las instituciones en él referidas.
La nueva carta magna ha sido celebrada internacionalmente, pero no así por algunos sectores en el interior del país. La oposición más destacada es la del pueblo kurdo, que lidera desde hace más de una década un sistema pionero en el mundo en democracia directa, liberación de las mujeres y representación igualitaria de todas las minorías étnicas y religiosas. En gran parte de las ciudades de la AANES, la autonomía dentro del Estado sirio que mantienen desde hace más de una década, la redacción de la nueva constitución ha sido recibida con protestas y manifestaciones.
Pese a que en su redacción el Estado dice garantizar la diversidad cultural de la sociedad siria y los derechos cívicos y culturales de todos sus miembros, sus premisas son insuficientes para un pueblo que ha sido perseguido durante más de cien años en el país, a quien se negaba la posibilidad de lengua propia y ciudadanía y que, en sus últimas declaraciones, parece querer abogar por un sistema confederal. El Consejo Democrático de la AANES declaraba en un comunicado que la nueva constitución “reproduce el autoritarismo por nuevas vías”.
Esta redacción decepcionante para algunos de los pueblos que cohabitan en el territorio sirio podría suponer un foco de inestabilidad en el interior del país, que hasta ahora parecía caminar hacia la pacificación. El presidente al-Sharaa había logrado, en sus cuatro meses de gobierno provisional, llegar a acuerdos preliminares con los dos pueblos más organizados del territorio sirio, el kurdo, en el norte, y el druso, en el sur.
Las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) firmaron a principios de marzo un acuerdo ambiguo con el gobierno central, que, si bien no concretaba el futuro de la AANES, dejaba clara la integración de sus instituciones civiles y militares en la administración del Estado sirio. De manera inmediata se llegaba a un entendimiento con el gobernador de Suwayda, la zona sureña donde habita fundamentalmente la minoría drusa. Los días previos a estos acuerdos habían estado marcados por violentas hostilidades de la minoría alauita en las provincias sureñas de Latakia y Tartús, en unas jornadas que dejaron más de 1.300 muertes.
Por medio de estos entendimientos, el gobierno buscaba pacificar el territorio y mostrarse cohesionado frente los poderes externos con interés en el suelo sirio. Hermanarse con la voluntad turca de influencia en el país. Protegerse frente a la voluntad desestabilizadora de Israel, que ataca el sur de Siria desde la caída del expresidente al-Ásad. Dibujar una imagen de estabilidad que permita la retirada de las sanciones económicas que Estados Unidos y la Unión Europea mantienen desde el inicio de la guerra civil y que imposibilitan el desarrollo del país.
«Quienes exigen más de Siria son los mismos que insisten en mantener las numerosas sanciones impuestas en su contra. Estas sanciones obligan a Siria a desempeñar el papel de un país dependiente de la ayuda en lugar de ser un socio en el crecimiento económico mundial», respondía el nuevo ministro de Asuntos Exteriores sirio, Al-Shibani, en el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado 25 de abril. La carta estadounidense de ocho puntos leída por la embajadora interina de Estados Unidos ante la ONU, Dorothy Shea, ya había caído en manos del gobierno sirio. De acuerdo a la Agencia REUTERS, este y el ejecutivo estadounidense se habían intercambiado correspondencia desde principios de marzo, estableciendo con ello los requisitos que el Gobierno sirio debía asumir para estrechar relaciones con el estadounidense.
En su carta, Estados Unidos deja claros sus ocho requisitos: quiere que las autoridades sirias renuncien y repriman completamente el terrorismo, adopten una política de no agresión a los estados vecinos, excluyan a los combatientes terroristas extranjeros de cualquier función oficial, impidan que Irán y sus representantes exploten el territorio sirio, destruyan las armas de destrucción masiva, ayuden en la recuperación de los ciudadanos estadounidenses desaparecidos en Siria y garanticen la seguridad y las libertades de todos los sirios.
En su respuesta ante el Consejo de Seguridad, Al-Shibani dejó claro el camino iniciado por el gobierno sirio para obedecer a estas demandas. De considerarse adecuado, Estados Unidos seguirá dando pasos hacia la eliminación de las sanciones económicas que ya han venido levantando, levemente, desde inicios de año. Por el momento, el Gobierno de Trump ha ordenado la retirada de más de la mitad de sus tropas del suelo sirio, que han iniciado su repliegue el 17 de abril. Pero su mirada permanecerá atenta. «Estados Unidos continúa observando las acciones de las autoridades interinas y determinará nuestras acciones con base en un patrón de comportamiento”, sentenciaba la embajadora interina de EEUU.
La Unión Europea también felicitaba en un comunicado conjunto la instauración del nuevo gabinete sirio basado en una renovada constitución. “La UE está dispuesta a comprometerse con el nuevo gobierno para ayudar a enfrentar los retos del futuro”, iniciaba. De manera paralela al Consejo de la ONU, el pueblo kurdo celebraba este 26 de abril un Consejo Nacional dispuesto a dar una visión conjunta y propia del futuro de Siria. Mientras las tropas estadounidenses abandonan el territorio que protagonizó la lucha contra el Estado Islámico tras catorce años de guerra civil, quienes guardan memoria se preguntan cuánto tendrá de novedosa esta nueva página en la historia siria.
