Por Germán Reyes
Santo Domingo.- En el proceso de deportación masiva de haitianos se cometen “crímenes atroces”, los cuales gozan de la impunidad de las autoridades al más alto nivel y del Ministerio Público, según el Movimiento Socialista de los Trabajadores y Trabajadoras (MST) .
La organización se hizo eco de la denuncia formulada el 28 de noviembre realizada por el obispo de la Diócesis de San Pedro de Macorís y Hato Mayor, Santiago Rodríguez, sobre las prácticas de la Dirección General de Migración (DGM), “que incluyen maltratos físicos a las personas detenidas en los procesos de interdicción migratoria, extorsión, confinamiento en camiones hacinados e insalubres, «en peores condiciones que los animales», y los abusos sexuales”.
El obispo relató que recientemente fue detenida arbitrariamente una monja católica de nacionalidad nigeriana a la que los agentes de la DGM habían exigido sostener relaciones sexuales para liberarla.
El gobierno no responde
La víctima, según declaró entonces el prelado, habría relatado que otras mujeres detenidas también sufrían el mismo tipo de «propuestas», que son, en rigor, amenazas de violación.
El gobierno no ha respondido a las denuncias del obispo Rodríguez, dijo el MST en una declaración escrita. “El perfilamiento racial y la presunción de culpabilidad aplicada a las personas negras, aunque son prácticas inconstitucionales están plenamente institucionalizadas y son métodos de cotidiana aplicación en la República Dominicana”.
Por eso, observó el MST, es frecuente que personas sean detenidas únicamente por «parecer haitianas», lo que llevó incluso al gobierno de EEUU, al cual el gobierno dominicano está abiertamente subordinado en su política exterior, a emitir una alerta en 2022, advirtiendo a las personas estadounidenses negras sobre el riesgo de detenciones migratorias en República Dominicana.
La organización refirió que en ocasiones anteriores, las autoridades han intentado minimizar las violaciones a los derechos humanos ejercidas por sus agentes, “presentándolas como hechos aislados”. “Así lo han hecho ante casos escandalosos de abusos por parte de los represores e incluso ante instancias internacionales como la CIDH” (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos).
Toda clase de crímenes
De acuerdo con el MST, es frecuente que los agentes represivos que participan en los operativos migratorios, tanto agentes de la DGM como policías y militares sin ningún tipo de entrenamiento previo en materia migratoria, “perpetren toda clase de crímenes contra la población negra del país, sobre todo personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, pero también personas dominicanas negras y de otras nacionalidades, e incluso hasta miembros de los propios cuerpos represivos”.
Estos “crímenes” incluyen robos, torturas, extorsión, detenciones arbitrarias de niños y niñas, asesinatos y violaciones sexuales, precisa el grupo en su documento.
¿Un Estado de excepción?
El MST sostuvo que las detenciones arbitrarias y los allanamientos de viviendas y comercios sin orden judicial son tan frecuentes que organizaciones de defensa de derechos humanos consideran que existe un Estado de excepción no declarado formalmente en República Dominicana.
Según su opinión, en cuanto a la violencia sexual en los operativos migratorios, existen importantes obstáculos para que sea denunciada, dado el clima de terror y persecución “racista” imperante en el país.
Sin embargo, en septiembre de 2023 la mujer haitiana Stephy Graph denunció que fue violada por agentes de la DGM en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, recordó.
El MST reseñó el caso de la mujer dominicana Cristina Martínez Lorenzo, “detenida arbitrariamente por ser negra el 20 de septiembre del 2023, (quien) fue expulsada del país y estuvo durante varias semanas en situación de desaparición forzada, período durante el cual fue abusada sexualmente”.
La organización citó, asimismo, que el 5 de abril de 2024 en un allanamiento ilegal “entre los miles” que se realizan semanalmente como parte de la política de deportaciones masivas, “un militar violó a una niña haitiana de 14 años de edad” en la zona de Verón, Punta Cana.
La PGR otorga impunidad
El MST se refirió a en la persistencia de estos “crímenes atroces” perpetrados por las autoridades convergen el racismo oficial, la corrupción y brutalidad policiales, la misoginia oficial y la impunidad otorgada por la PGR (Procuraduría General de la República) a estos crímenes.
En un caso, según describe el grupo defensor de los derechos humanos, se presenta a la comunidad inmigrante haitiana como un peligro para la soberanía y la seguridad nacional, ”incitando permanentemente a la violencia”. “La corrupción y la brutalidad policial son enmascaradas bajo una supuesta «reforma policial» y la misoginia oficial hace de las mujeres un objetivo específico dentro de la represión del gobierno”.
