Por Maribel Núñez
Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, debe ser un día de lucha, memoria y denuncia contra las estructuras de poder que reproducen el patriarcado, el racismo y la desigualdad.
Sin embargo, resulta profundamente preocupante observar cómo algunas figuras que se autodefinen como feministas y/o militantes de izquierda que aceptan premiaciones y reconocimientos de un gobierno que, entre otras aberraciones, en la práctica ha negado derechos fundamentales a las mujeres.
Esta realidad se expresa con especial crudeza contra las mujeres negras, y aún más contra las mujeres dominico-haitianas y haitianas que viven en el país.
El presidente Luis Abinader ha militarizado los hospitales con la implementación de “protocolos” que exigen a mujeres negras identificación y estatus de “legalidad” para poder recibir atención médica, además de imponerles pagos que muchas de ellas no tienen cómo asumir.
En la práctica, estas disposiciones han derivado en la negación de servicios de salud a mujeres haitianas consideradas “ilegales”, incluso en situaciones de parto.
En otros casos, han sido atendidas únicamente para luego ser deportadas de inmediato junto a sus recién nacidos en condiciones inhumanas, transportadas en camiones donde algunas no han logrado sobrevivir, incluso sus bebés.
Las consecuencias de estas medidas han sido devastadoras: En Sabana de la Mar una familia afro-dominicana denunció como un secuestro que su familiar, Sandy Marques de los Santos, una jovencita de 16 años, cesareada en el hospital, fue retenida con fines de deportarla.
Con estas políticas, la relegada figura de las comadronas ha resurgido en muchos barrios y comunidades empobrecidas de mayoría afro, donde hoy reciben a cientos de bebés en humildes casuchas. Son niños y niñas que nacen fuera del sistema de salud porque este mismo sistema se les niega a sus madres.
Me han llegado denuncias de que a muchos de esos recién nacidos, incluso cuando llegan a centros de salud del Estado, se les niega el acceso a vacunas básicas, y qué no decir del derecho elemental a un nombre legal en la tierra donde nacieron.
Las denuncias sobre esta situación han sido reiteradas.
Organizaciones sociales y de derechos humanos, así como testimonios difundidos en redes sociales y medios de comunicación, han documentado las consecuencias de estas políticas.
Un caso que estremeció al país fue el de la inmigrante, la ciudadana haitiana Lourdia Jean Pierre, de 33 años, quien temiendo acudir a un hospital por miedo a ser deportada, entró en trabajo de parto sola en su pauperizada casa y murió.
El presidente Abinader conoce estas denuncias y las consecuencias de sus “protocolos”, así como las extralimitaciones y prácticas racistas que se producen dentro de las instituciones del Estado, incluyendo el sistema hospitalario. Sin embargo, estas continúan operando con su aval político.
No es un gesto inocente
Aceptar un reconocimiento estatal no es un gesto inocente. Los premios oficiales muchas veces funcionan como mecanismos de legitimación política.
A través de ellos, los gobiernos buscan proyectar una imagen de compromiso con las luchas sociales mientras mantienen políticas que contradicen ese discurso. En ese sentido, aceptar una premiación puede convertirse, voluntaria o involuntariamente, en parte de una estrategia de relaciones públicas destinada a limpiar la imagen del poder, en este caso del indefendible Luis Abinader, el “amigo” de Trump.
Pero hay imágenes que no pueden limpiarse con actos simbólicos en el escenario más alto y blanqueado de la República Dominicana.
Un gobierno que viola derechos humanos, que niega derechos fundamentales a las mujeres y que incumple promesas públicas, no puede ocultar esas realidades mediante ceremonias y reconocimientos.
Son inocultables las denuncias de violaciones sexuales a haitianas por parte de efectivos al servicio de la Dirección de Migración, brazo fascista que aplica la política de persecución de haitianas y haitianos del gobierno del Premiador.
Luis Abinader prometió apoyar las tres causales del aborto para ganar el respaldo de sectores feministas en las elecciones del 2020, y luego traicionó su propia palabra al pactar con sectores conservadores para mantener intacta la prohibición absoluta del aborto en la República Dominicana y hay mujeres que mueren.
Mientras se entregan premios y reconocimientos, el Estado mantiene un Código Penal que niega a las mujeres el derecho a interrumpir embarazos, incluso en circunstancias extremas.
Muchas dominicanas enfrentan embarazos inviables o situaciones médicas que ponen en riesgo sus vidas, sin contar con protección legal efectiva.
La realidad es dramática
En República Dominicana una mujer no puede interrumpir legalmente un embarazo ni siquiera cuando este es incompatible con la vida o cuando pone en riesgo su propia supervivencia.
Me reitero, el Código Penal impulsado por el gobierno del PRM y Abinader mantiene esta prohibición absoluta, obligando a muchas mujeres a continuar embarazos que médicamente se sabe que pueden conducirlas a la muerte.
En la práctica, el Estado está dispuesto a sacrificar la vida de las mujeres antes que reconocer su derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
A lo largo de la historia, numerosas figuras del pensamiento crítico, de la militancia de izquierda, del activismo y de la defensa de los derechos humanos, han rechazado honores oficiales precisamente para evitar ser instrumentalizadas por el poder.
Lo han hecho por coherencia con su historia de militancia, por respeto a la memoria de quienes han sufrido violencia estatal y por la convicción de que el reconocimiento simbólico no puede sustituir la transformación real de las políticas públicas.
Rechazar un premio, en esos casos, se convierte en un acto político. Imaginen el efecto de una carta pública explicando por qué se rechaza el premio. Significa preservar la autonomía moral y la ética política frente al poder patriarcal y antipueblo, impedir que las luchas sociales sean utilizadas como decoración institucional de relaciones públicas y denunciar la contradicción entre el reconocimiento simbólico y las prácticas reales del Estado.
La contradicción es evidente: Mientras se otorgan reconocimientos publicitarios que llevan a las feministas al terreno del negador de derechos de las mujeres, las transformaciones estructurales que las mujeres reclaman siguen sin materializarse.
Esta brecha entre discurso y práctica es precisamente lo que convierte estos actos en mecanismos de cooptación política.
El feminismo no puede convertirse en un adorno institucional ni en un instrumento para legitimar gobiernos. Su razón de ser es confrontar al poder cuando éste reproduce desigualdades, no recibir su aplauso mientras esas desigualdades persisten.
Incluso, se debe mirar más allá de las fronteras, ver el papel del premiador ante el respeto al derecho internacional, las políticas imperialistas y colonizadoras, escudriñar su posición ante la guerra, y exigirle tal cual lo hace la Constitución de la nación, que respete la soberanía de los países y la libre autodeterminación de los pueblos.
Por eso, para muchas personas comprometidas con la justicia social, aceptar un premio en estas circunstancias resulta incompatible con la crítica al Estado y con la historia misma de las luchas feministas.
No se trata de negar el valor del trabajo de ninguna activista, sino de recordar que la coherencia política también se expresa en la capacidad de decir ¡NO! cuando el poder intenta convertir la lucha en espectáculo.
El feminismo nació como una fuerza de confrontación frente a las estructuras de dominación y el 8M también. Cuando se arrodilla ante el poder que debería cuestionar, corre el riesgo de perder su sentido más profundo: Ser una herramienta de emancipación y no una pieza más del decorado y la fauna del poder.
Algo más, el mejor homenaje que pudo tener “la reina de la salve” dominicana, la afro-villamellera, Enerolisa Núñez, era que el Estado dominicano, el Ministerio de Cultura, le otorgara una justa pensión, pues los 18 mil pesitos no le alcanzaban ni para comprar medicinas.
