Por Manuel Otilio Pérez P.
El 17 de abril de 1825, en París, Carlos X, Rey de Francia, emitió la ordenanza por la cual reconoce la independencia de la «parte francesa de Santo Domingo».
«Ley que impone una contribución extraordinaria de 30,000,000.00 «gourdes», a partir del 1° de enero de 1827 al 31 de diciembre de 1836, deuda consentida en favor de Francia por el reconocimiento de la independencia de Haití
Port-au-Prince, 1° de mayo de 1826″.
El gobierno de Haití distribuyó esta deuda entre las distintas comunes. A la parte española se le atribuyeron, injustamente, las siguientes sumas:
Emilio Rodríguez Demorizi, en su obra Invasiones haitianas 1801, 1805 y 1822, Editora del Caribe, C. por A., C. T., R. D., 1955, pág 312, dice que la parte del Este de la República de Haití contribuyó con el pago a Francia para el reconocimiento de la independencia de Saint Domingue, de la siguiente manera:
Santo Domingo1,864,990.00
San Juan 311,230.00
Azua. 350,000.00
La Vega. 780,000.00
Monte Cristi 60,000.00
Puerto Plata.449,280.00
Santiago. 770,510.00
(Emilio Rodríguez Demorizi, Invasiones haitianas 1801, 1805 y 1822, Editora del Caribe, C. por A., C. T., R. D., 1955, pág 312).
Tomás Bobadilla en el Manifiesto del 16 de enero de 1844, al referirse a la deuda contraída por la República de Haití con Francia,, dice «Pasáronse los veinte y dos años de la administración pervertidora de Boyer, en cuya época, padecieron los habitantes del Este todas las privaciones que no se pueden enumerar: trató a sus habitantes peor que a un pueblo conquistado a la fuerza; les exprimió el jugo, sacando cuanto beneficio pudo para saciar su codicia y la de los suyos; hizo esclavos en nombre de la libertad; les obligó a pagar una deuda que no habían contraído como los de la parte Occidental, que aprovecharon bienes ajenos; cuando al contrario, a nosotros nos deben ellos, las riquezas que nos han usurpado o malversado».
(Emilio Rodríguez Demorizi, Guerra Domínico-Haitiana, documentos para su estudio, Impresora Dominicana, C. T., R. D. 1957,pág 32).
«En los primeros nueve meses del año 1845 entre Tomás Bobadilla y el Cónsul Francés Juchereau de Saint Denys, éste pretendía, con el apoyo del Presidente Santana y los ministros Cabral Bernal y Miura, que la República se aviniera a pagar una parte de la deuda haitiana a Francia, recibiendo en beneficio la protección de su independencia, y concecuencialmente el reconocimiento de nuestra nacionalidad por Haití, todo ello por la intervención del Gobierno Francés. El Cónsul, que desesperaba por ver aceptada su propuesta, se presentó en pleno Consejo de Gobierno a explicar personalmente su punto de vista, respaldado por el texto de una carta de su Ministro señor Guizot. Todos asintieron menos Bobadilla, que era el hombre clave para lo perseguido, por ser el Ministro de Relaciones Exteriores. Rebatió, pues, abiertamente los argumentos del Cónsul y aunque éste se retiró del palacio con la promesa de una pronta respuesta a la carta contentiva de su proposición, respuesta favorable desde luego, cuando la recibió, bastante tardía, tuvo la sorpresa de encontrarse con una respuesta negativa. Era obra exclusiva de Tomás Bobadilla, quien aprovechó la ocasión para presentar a España como la única nación con derecho a reclamaciones de tal índole por haber sido la dueña de la Parte Oriental de la Isla de Santo Domingo»… El Cónsul, como contaba con el voto de los otros altos funcionarios, se acercó a Santana exponiéndole su disgusto por la burla de que al parecer le hacían objeto. El Presidente le dió la razón, aunque había puesto su firma en el oficio, y dispuso la anulación del mismo y la redacción de otro. Bobadilla lo hizo, pero expresando en primer término que la República no podía comprometerse a pagar la deuda haitiana». (Rufino Martínez, Diccionario Biográfico-Histórico Dominicano, 1821-1930, Editora Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana, 1971, pág 70).
Tomás Bobadilla la contempló la deuda haitiana en el Manifiesto del 16 de enero de 1844, antes de la proclamación y de la existencia de la República Dominicana y luego en 1845, desde su posición de Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno Constitucional del General Pedro Santana, negándose a reconocerla y a pagarla.
