Santo Domingo.- El Protocolo Migratorio suscrito por República Dominicana y Haití en 1999 establece varias disposiciones que son violadas cotidianamente por las autoridades dominicanas, denunciaron varias organizaciones.
Las organizaciones indican que según ese protocolo no deben realizarse repatriaciones en horarios nocturnos, domingos o días feriados. “Tampoco deben separarse padres e hijos”.
Las repatriaciones, precisaron en una declaración escrita, solo se deben realizar a través de cuatro puntos fronterizos autorizados, no se deben retener documentos personales de los repatriados y se debe entregar una copia del formulario individual de repatriación a cada persona.
Asimismo, según ese protocolo, las autoridades diplomáticas haitianas deben recibir con antelación las listas de personas en proceso de repatriación para que puedan acceder a la asistencia consular. “Nada de eso se cumple”.
Dijeron que constataron que las cifras de deportaciones del año 2022 publicadas por el presidente (Luis) Abinader, la DGM y la Cancillería, presentan un rango de discrepancia entre ellas de más de 50 mil deportaciones.
A juicio de las organizaciones, “esto basta para demostrar que el régimen carece de un registro confiable y veraz”.
La Constitución y las leyes
Las organizaciones condenaron que los procesos de detención masiva de personas inmigrantes haitianas con frecuencia se extienden a personas dominicanas de ascendencia haitiana y a otras personas dominicanas negras debido al uso sistemático del perfilamiento racial.
Este método viola el principio legal de la presunción de inocencia, así como el artículo constitucional 39 sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación, dijeron las organizaciones en una declaración escrita que titulan “Organizaciones denuncian que la política migratoria de (del presidente Luis) Abinader viola las leyes y la Constitución”. “El artículo 46 prohíbe la expulsión de personas dominicanas del territorio nacional, salvo por procesos de extradición, lo cual subraya la ilegalidad de la detención migratoria de personas dominicanas de ascendencia haitiana”.
“Los asesinatos de inmigrantes por parte de agentes policiales, militares y de la Dirección General de Migración (DGM) violan el artículo constitucional 37 sobre el derecho a la vida, mientras que las torturas, violaciones sexuales y otros tratos degradantes violan el artículo 42”, denunciaron el Colectivo HaitianosRD, MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores), Movimiento Caamañista, Movimiento Reconocido, La Ceiba, Fundación Código Humano y MOSCTHA (Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos).
Denunciaron, asimismo, que los allanamientos de viviendas sin orden judicial, que la PN, DGM y militares realizan diariamente, violan el artículo 44 de la Constitución. “La política de la DGM de desplegar en sus operativos a agentes encapuchados y sin identificación visible viola el artículo 40 de la Constitución”.
El reglamento de la ley
Las organizaciones se refirieron al Reglamento de la Ley de Migración, número 285-04, el cual establece en su artículo 134 que nunca serán detenidas en procedimientos migratorios personas menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes, envejecientes y solicitantes de asilo.
Todos los días son detenidas personas con esas características, dijeron. “También son detenidas personas con su documentación migratoria vigente”.
En el documento se recuerda que recientemente generó escándalo la detención arbitraria del intelectual haitiano Jhak Valcourt en el Distrito Nacional, pese a tener su documentación en regla y plenamente vigente.
Notificado a la procuradora
“Otros crímenes cometidos con frecuencia por las autoridades migratorias son la extorsión contra familiares de personas detenidas para lograr su liberación, así como la destrucción de documentos y el robo de dinero, teléfonos celulares, motolcicletas y otros bienes de las personas inmigrantes haitianas”.
En la opinión de las organizaciones, la Procuraduría General de la República fue notificada sobre estos crímenes perpetrados “cotidianamente” por las autoridades migratorias el 2 de diciembre de 2022 durante una reunión en la que participaron la Procuradora General, Miriam Germán, y la Procuradora Adjunta, Yeni Berenice Reynoso, junto a representantes de organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos.
