Por Ephraim Alburquerque
El Senado de la República Dominicana aprobó ayer, por unanimidad, el proyecto de modificación del Código Procesal Penal, luego de más de siete meses de análisis y ajustes.
Esta aprobación representa un paso significativo en la modernización del sistema judicial del país, que busca hacer más eficiente y transparente la administración de justicia penal.
El proyecto, que ahora pasa a la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación final, incorpora cambios de forma y correcciones gramaticales, además de disposiciones específicas sobre los archivos provisionales de los procesos, con un plazo máximo sugerido de un año.
Estos detalles, aunque técnicos, son esenciales para agilizar los procedimientos y evitar que los procesos queden estancados, generando impunidad o retrasos injustos.
La unanimidad alcanzada en el Senado refleja un consenso poco común en la política dominicana, mostrando que, cuando el interés nacional y la justicia están por encima de posturas partidarias, es posible legislar con eficacia y seriedad. Sin embargo, el camino no termina aquí: la Cámara de Diputados deberá ahora estudiar y aprobar la iniciativa, lo que representa otra etapa crucial para garantizar que los cambios sean implementados de manera efectiva y equilibrada.
Es importante subrayar que esta reforma no es solo un ajuste técnico; es un esfuerzo por fortalecer la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.
Un código procesal claro, ágil y justo contribuye a que los dominicanos perciban la ley como un instrumento de protección y equidad, y no como un obstáculo burocrático o una herramienta de demora.
No podemos pasar por alto los retos que acompañan a esta aprobación.
La implementación de las nuevas disposiciones dependerá de la capacitación de jueces, fiscales y defensores, así como de la adecuada difusión entre la ciudadanía. Sin un seguimiento cuidadoso, incluso la ley más moderna puede perder eficacia y credibilidad.
Finalmente, como ciudadanos y creyentes, debemos valorar este avance como una oportunidad para que la justicia en nuestro país se acerque al ideal bíblico: proteger al inocente, sancionar al culpable y ofrecer procesos transparentes y equitativos. Este proyecto, aprobado por el Senado, es un paso en la dirección correcta, pero requiere vigilancia, responsabilidad y compromiso de todos los actores para que se traduzca en justicia real para el pueblo dominicano.
