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    Aplican en Haití prisión preventiva de más de dos años a los niños en conflictos con la ley

    Puerto Príncipe, 13 ago (Prensa Latina) Más del 90 por ciento de los niños en conflicto con la ley, permanecen hoy en prisión preventiva prolongada, una problemática que afecta a la mayoría del sistema penitenciario de Haití.
    ‘En ninguna parte de la ley se establece que un menor desviado deba pasar un año, dos años y más en un centro sin ser juzgado’, lamentó Kettly Julien, directora ejecutiva del Instituto Móvil de Educación Democrática.
    La tasa de detención preventiva prolongada en el Centro de Rehabilitación de Menores en Conflicto con la Ley (Cermicol) es tan alta como en otras prisiones del país, estiman expertos. Hasta la fecha 50 de cada 54 niños recluidos ahí permanecen durante largos periodos.

    Kettly Julien dijo que gracias a los esfuerzos redoblados de las distintas instituciones privadas, en los últimos seis meses la detención preventiva de menores se redujo de un 96 a un 50 por ciento, aunque el comisionado del gobierno, Paul Éronce Villard, señaló que la protección de los niños es una lucha a largo plazo

    Para Julien el sistema judicial haitiano es débil en la aplicación de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Ley de 7 de septiembre de 1961, sin embargo, reconoció que se hacen esfuerzos para disminuir estas cifras.
    En los últimos seis meses la detención preventiva de menores se redujo de un 96 a un 50 por ciento, dijo por su parte, Paul Éronce Villard, comisionado de Gobierno.
    Indicó que fue gracias a los esfuerzos de las distintas instituciones, aunque señaló que la protección de los niños es una lucha a largo plazo.
    El Instituto Móvil de Educación Democrática actualmente implementa la segunda fase de su programa de asistencia legal para menores en conflicto con la ley, con el fin de reducir el flagelo de la detención preventiva prolongada.
    Durante su primera fase, 137 niños fueron liberados, aseguró Kettly Julien. En los próximos tres meses el proyecto debe prestar asistencia jurídica a los menores detenidos en las cárceles, en particular en la capital.

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