San Juan, 30 ene (Prensa Latina) El plan de ajuste a la deuda alcanzado con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por el gobierno de Puerto Rico, generó hoy un ambiente de insatisfacción en empleados públicos.
Trabajadores del sector gubernamental, aglutinados ahora bajo el Movimiento 447, que responde a la legislación que los cobija, anunciaron que realizarán una marcha desde el ala sur del Capitolio, sede de la Legislatura, hasta La Fortaleza, en el Viejo San Juan.
Pese a que el gobernante puertorriqueño, Pedro R. Pierluisi, se encuentra en Estados Unidos en asuntos oficiales, los empleados del sector público llevarán su queja hasta la sede del Ejecutivo ante la insatisfacción con lo acordado con la JSF, encaminado a poner fin a la bancarrota de Puerto Rico.
La presidenta del Movimiento 447, Enilda Mundi, solicitó este domingo en rueda de prensa los miembros de la Asamblea Legislativa para que “nos abran las puertas para dialogar sobre las dudas prevalecientes con relación al plan de ajuste en cuanto a los empleados activos”.
Mundi desea que reciban a representantes del grupo para esclarecer las dudas con relación al concepto de lo que es la eliminación de las pensiones definidas y con al sistema de retribución uniforme a empleados públicos.
La incertidumbre de los empleados gubernamentales es que a la hora de su jubilación queden en una precariedad económica que los lanzaría a la indigencia en los años finales de sus vidas.
“Entendemos que tenemos la Ley 80 en un estado dormido, donde no sabemos qué va a pasar con los empleados públicos; tenemos hasta el 15 de marzo para hacer cualquier movimiento necesario para eliminar los perjuicios para los empleados públicos activos con relación al plan de ajuste”, esclareció la portavoz.
Como parte de lo acordado por la Legislatura y el Ejecutivo con la JSF, refrendado por la jueza federal Laura Taylor Swain, que atiende la bancarrota de Puerto Rico desde hace cuatro años, los empleados públicos tendrán una pensión inferior a la que recibían.
En algunos casos los recortes de las jubilaciones ascienden a un 30 por ciento de su salario, incluidos los miembros de la Policía de Puerto Rico.
