Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader autorizó mediante el decreto 30-23, por un período de seis meses, la importación de armas de fuego y municiones a la vez que, por otra vía, el ministro de interior y Policía se empeña en sacar del mercado esos artefactos.
Aunque fuere por un período transitorio para favorecer a las empresas debidamente registradas y autorizadas, las autoridades carecen de los controles como para evitar que, a la corta o a la larga, el mercado sea reabastecido y continúen los riesgos de que lleguen a los delincuentes que llevan la inseguridad ciudadana.
Los asaltos y asesinatos a vigilantes no siempre bien entrenados para arrebatarles las armas constituyen el «pan de cada día» entre las acciones de la delincuencia descontrolada y ascendente en prácticamente todo el territorio nacional.
Así, por ejemplo, la Policía mató a seis supuestos delincuentes en Los Alcarrizos, ese mismo municipio fue estremecido luego con el hallazgo de los cadáveres de una pareja de La Guáyiga que se les había dado por desaparecida.
Las quejas de residentes en esa comunidad de la provincia Santo Domingo se escuchan por montones en los vehículos del transporte público que entran y salen hacia otros destinos, en el sentido de que se suceden de manera cotidiana los asaltos y atracos a mano armada.
Asimismo, las denuncias sobre inseguridad ciudadana prosiguen en Villa Mella, Los Guaricanos, Villa Liberación de Santo Domingo Este, igual que en los kilómetros de la autopista Las Américas y pueblos de las distintas regiones.
El fracaso en Cristo Rey
El 3 de junio pasado, con la presencia del presidente Luis Abinader, el Ministerio de Interior y Policía dejó iniciado en Cristo Rey el plan piloto de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”, con los componentes de recolección y entrega voluntaria de armas de fuego e identificación del registro de motocicletas.
La iniciativa incluye la entrega de tarjetas de subsidios por intercambio de armas y operativos casa por casa para determinar las familias que califiquen para recibir la tarjeta Supérate, según un documento de la Presidencia.
El padre José Luis Hernández, de la parroquia San Pablo Apóstol, en Cristo Rey, dijo este martes que el plan integral de seguridad ciudadana de ese sector del Distrito Nacional fracasó porque primero no contó con el consenso de los residentes y que no ejecutaron los programas sociales prometidos por el Gobierno en ese sentido.
El religioso sostuvo que contrario al objetivo de contrarrestar la delincuencia, los delitos se han multiplicado en esa barrida, acción que relaciona con que los 58 agentes policiales que fueron adicionados para mejorar la seguridad, ya fueron trasladados de allí.
“Fracasó el plan, es más… nunca se dio, eso fue un proyecto que trajeron que ni siquiera fue consensuado con nosotros, no tuvimos participación, somos unos 80 mil habitantes”, precisó Hernández
En aumento
Según Hernández, en Cristo Rey la inseguridad ciudadana se ha incrementado, fruto de los robos, los atracos y el consumo de drogas.
Dijo entender que la inseguridad abarca el país completo, pero que su interés en estos momentos es que esa práctica se reduzca en Cristo Rey, sector que, a su juicio, cada vez es más inseguro para la paz de los ciudadanos.
“Aquí se producen hechos de raterismo, asaltos delante de nosotros; en el sector de La Goya estábamos al punto de comenzar la misa, había más de 200 personas y dos individuos con pistolas en manos se presentaron en la barbería que estaba al frente de nosotros y asaltaron a quienes estaban ahí”, manifestó.
Subrayó el católico que hace dos semanas una guagua de las llamadas “plataneras” estacionada frente a la iglesia fue robada por desaprensivos.
“Este lunes a las 6:00 de la mañana asaltaron a seis personas, cuatro tipos en motores”, agregó.
En otros pueblos
Además de Cristo Rey el plan piloto de seguridad ciudadana ha sido instalado en San Francisco de Macorís y Santiago.
