Santo Domingo.- La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, rompió el cascarón que se había impuesto para evitar toda referencia al álgido tema migratorio, admitió que el Plan Nacional de Regularización detenido no será reactivado en el corto plazo.
La decisión de la funcionaria se produce en medio de un auge de la persecución y deportación de haitianos por parte del gobierno dominicano, que desde octubre pasado se propuso expulsar a una cantidad de10,000 por semana.
Esas medidas aplicadas por disposición del presidente Luis Abinader también concuerdan con las acciones del presidente estadounidense Donald Trump contra los inmigrantes sin papeles que, incluso, le ha llevado a construir una cárcel ubicada en medio de cocodrilos. Asimismo, de fueron enviados a algunos países aviones repletos inmigrantes esposados, con grilletes en los pies, tal como si se tratara de delincuentes.
Por la crisis haitiana
A modo de justificación, la funcionaria refirió que la crisis institucional que atraviesa Haití representa un tema de seguridad nacional para República Dominicana.
Raful, quien también preside el Consejo Nacional de Migración, señaló que la situación de inseguridad en Haití ha obligado al Gobierno dominicano a adoptar medidas estrictas de control fronterizo, lo cual incluye el bloqueo por tierra, aire y mar.
Como consecuencia, fue dispuesta la suspensión de operaciones de los consulados dominicanos, aunque se mantiene la representación diplomática.
“Aunque se mantiene la representación diplomática, el presidente de la República ha sido categórico en reforzar la vigilancia en una frontera que es porosa”, precisó Raful.
Control fronterizo y datos biométricos
Entrevistada en el programa El Despertador, que se transmite por Color Visión, canal 9, la funcionaria declaró que, a través del Ministerio de Defensa y la Dirección General de Migración (DGM) se han implementado sistemas de datos biométricos para identificar a las personas que ingresan al país.
El objetivo, según dijo la funcionaria, es impedir el ingreso de individuos vinculados a bandas criminales que puedan atentar contra la seguridad ciudadana o alterar la paz social.
Plan de regularización
Sobre el Plan Nacional de Regularización de Estranjeros (PNRE), Raful precisó que permanece detenido y que no existe intención de poner en marcha uno nuevo mientras persistan las actuales condiciones de inseguridad en Haití.
En relación con los extranjeros que fueron regularizados y cuyos permisos han vencido, aclaró que cada caso es evaluado de manera individual, sin que exista un proceso general de renovación.
“La Dirección General de Migración está vigilante para evitar injusticias, pero hay casos en los que procede la repatriación o deportación por incumplimiento de las condiciones establecidas”, sostuvo.
Fortalecimiento de la DGM
La ministra destacó el fortalecimiento institucional de la DGM, que pasó de contar con unos 200 agentes migratorios a más de 1,036 agentes formados, con el propósito de que la gestión migratoria no recaiga exclusivamente en la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas.
No obstante, en distintas ciudades y comunidades se observa la participación de miembros de organismos castrenses en labores migratorias, que legalmente corresponden a los agentes especializados.
Incluso, en algunas ciudades, como en Verón-Punta Cana, guardias y policías rompen puertas en días, noches y madrugadas, para penetrar a los hogares de personas negras, haitianas o dominicohaitianas, donde de manera regular sustraen bienes y extorsionan a los residentes.
La cárcel de Haina
En relación del centro de interdicción de la DGM de Haina, que opera como una cárcel y donde se violan los plazos establecidos por la Constitución y las leyes en materia de permanencia en encierro, Raful informó que el Gobierno se encuentra en un proceso de licitación para su remozamiento tras los recientes fallecimientos de mujeres registrados en el lugar, incluyendo el de un recién nacido.
La ministra aseguró que las autoridades han dado seguimiento a cada caso y han ofrecido apoyo a las familias de los ciudadanos extranjeros fallecidos.
La titular de Interior y Policía declaró que existe una voluntad expresa del presidente de la República de garantizar el respeto a los derechos humanos, y que cualquier exceso cometido por agentes del Estado es investigado y sancionado.
Raful dijo que desde el gobierno “estamos transformando un sistema migratorio que durante años fue pernicioso, con el objetivo de garantizar orden, seguridad y trato humano”.
