Por Ephraim Alburquerque
Hoy levantamos la voz por la comunidad de Suero, en el distrito municipal de Verón–Punta Cana, donde más de cien familias dominicanas viven con la angustia de ser desalojadas del lugar que han habitado durante generaciones.
Allí no hay invasores, hay historia.
Hay raíces.
Hay familias que forjaron su vida con trabajo y fe, mucho antes de que existiera el turismo que hoy domina la zona.
Entre ellos se encuentran nombres que representan décadas de esfuerzo: Wenceslao Santana Guerrero, actual presidente de la Junta de Vecinos de Suero; Narciso Santana, conocido como “Dingo”; y familias tradicionales como los Guerrero y los Santana, que han mantenido encendida la vida de esta comunidad desde mediados del siglo pasado.
Estas familias levantaron sus casas, su escuela, su iglesia… y lo hicieron cuando allí no había carreteras, ni hoteles, ni luz eléctrica.
Y ahora, en pleno siglo veintiuno, ven cómo intereses empresariales intentan desplazarles bajo el amparo de documentos y mensuras privadas que desconocen su historia y su derecho.
Pero Suero no está fuera de la ley.
De hecho, la ley está de su lado.
La Ley 386-06, que crea el distrito municipal de Verón–Punta Cana, reconoce en su artículo 2 al paraje de Suero como una unidad político-administrativa.
Esto significa que Suero forma parte legal del territorio dominicano, y que su existencia está registrada en la estructura del Estado.
Además, el artículo 51 de la Constitución de la República Dominicana establece el derecho de toda persona a la propiedad y prohíbe que nadie sea privado de ella sin justa causa ni indemnización previa.
Y el artículo 8 reafirma que el deber principal del Estado es proteger la dignidad humana, la familia y la comunidad.
Entonces, si la ley es clara, ¿por qué el Estado guarda silencio?
¿Por qué las familias humildes deben salir a protestar por un derecho que ya está escrito en la Constitución?
El desarrollo turístico no puede seguir siendo un sinónimo de despojo.
No puede construirse lujo sobre la pobreza, ni prosperidad sobre el miedo.
Si el turismo crece, pero destruye comunidades históricas como Suero, no es progreso: es injusticia.
Las autoridades del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, el Ayuntamiento de Verón–Punta Cana y el Gobierno Central deben actuar con claridad y valentía.
Porque cuando el dinero y la influencia amenazan la vida de una comunidad, el Estado tiene la obligación moral y legal de ponerse del lado de la justicia.
Suero no pide privilegios.
Pide respeto.
Pide que se cumpla la ley.
Pide que se reconozca su historia y su derecho a existir en la tierra donde nacieron sus padres y sus abuelos.
Hoy, el país debe mirar hacia Suero.
Porque si el poder económico logra callar una comunidad con más de sesenta años de historia, mañana cualquier dominicano puede perder su tierra también.
Suero es una voz que no se rinde.
Y mientras haya un dominicano dispuesto a defender su dignidad, esta tierra seguirá teniendo memoria y justicia.
