Santo Domingo.- Acción Afro Dominicana consideró que los operativos nocturnos “oficializados” por la Dirección General de Migración (DGM) representan una violación de principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, en particular del derecho a la inviolabilidad del domicilio, a la seguridad personal, a la no discriminación étnica o racial y a la protección de mujeres embarazadas, niños y niñas.
La ejecución de redadas a la una, dos o tres de la madrugada en hogares habitados por personas negras, incluidas aquellas de ascendencia haitiana o haitianas, “constituye una práctica de hostigamiento y persecución racial, contraria al artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y al artículo 40 de la Constitución Dominicana, que garantiza el derecho a la dignidad y a la seguridad individual, dijo la organización.
Según Acción Afro Dominicana, los llamados “operativos migratorios” no son simples acciones administrativas: son escenas de terror que dejan tras de sí miedo, dolor y destrucción.
En la oscuridad hasta violan mujeres negras
“En la oscuridad de la madrugada”, dijo la institución en un mensaje escrito, “cuando las familias duermen, agentes irrumpen en los hogares, derriban puertas, destruyen pertenencias y se llevan a personas sin orden judicial, sin explicación y sin respeto a la dignidad humana”.
Hay en redes sociales muchas denuncias de que también hay agentes que roban, declaró Acción Afro Dominicana. “Hay denuncias también de que han violado sexualmente a mujeres negras”.
De acuerdo con la denuncia, entre la población de los barrios se denuncia, además, que malas personas llaman a Migración para delatar a familias haitianas. “Tras los operativos, estas familias son apresadas, sacadas de sus casas y sus pertenencias son robadas impunemente”.
“Este patrón de saqueo y delación agrava la violencia institucional, sumando el robo, la humillación y el miedo al drama humano de la deportación”, dijo Acción Afro Dominicana.
Según se expresa en el documento, estos operativos se convierten en terreno fértil para los abusos: robos, extorsiones, agresiones sexuales, golpes, amenazas de muerte y hasta asesinatos encubiertos bajo el manto de la impunidad.
¿Quién dijo seguridad nacional?
La violencia, declaró la organización, no termina con la detención, sino que continúa en los centros de reclusión, “donde las personas son hacinadas, maltratadas y deportadas sin el debido proceso, separando familias y dejando a niños huérfanos de sus padres de un día para otro”.
Nada de esto puede llamarse “seguridad nacional”. Es persecución racial. Es racismo institucional. Es una política de terror contra las personas negras y empobrecidas, precisa el documento.
“Los operativos migratorios, tal como se ejecutan, son una práctica inhumana que destruye la convivencia, normaliza la violencia y hiere el alma de la nación”, recalcó.
Contra la convivencia pacífica
Desde el punto de vista jurídico y ético, ningún anuncio oficial puede legalizar la ilegalidad. La DGM, al institucionalizar la práctica de los operativos nocturnos y al fomentar que ciudadanos denuncien “sospechas” de extranjeros, promueve una política fascista, discriminatoria y peligrosa que atenta contra la convivencia pacífica.
El llamado a que los dominicanos actúen como delatores (“chivatos”) constituye una forma de colaboración civil racista con una política estatal que viola el principio de no injerencia en la vida privada y normaliza la persecución étnica y los ataques fascistas contra personas negras.
Los preceptos jurídicos
Estas medidas, según Acción Afro Dominicana, contradicen el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, que exige trato humano a toda persona, sin distinción y vulneran el principio de proporcionalidad y humanidad del Derecho Internacional Humanitario, aplicable incluso en tiempos de paz.
El Estado dominicano, precisó la entidad, al ejecutar estas acciones, se contradice a sí mismo, “pues incumple las garantías establecidas en su Ley General de Migración 285-04, que exige procesos individualizados respeto a la integridad física, prohibición de tratos crueles o degradantes y atención especial a personas vulnerables”.
Las redadas nocturnas masivas -bajo el argumento del “orden y la seguridad ciudadana”- son contrarias a la noción misma de Estado de Derecho, sostuvo en su documento. “Perseguir, detener o deportar arbitrariamente a personas por su color de piel o su ascendencia, no fortalece la seguridad, sino que destruye la convivencia, el tejido familiar y el sentido de humanidad”.
