Por Fernando Buitrago
Santo Domingo, 4 de noviembre de 2025.- En un contexto donde la fiscalización periodística se ve amenazada por acciones legales que parecen diseñadas para silenciar críticas, el periodista cubano-dominicano Fernando Buitrago comparecerá este viernes 7 de noviembre a las 9:00 a.m. ante la justicia dominicana. Acusado de difamación e injurias por Dioris Anselmo Astacio Pacheco –alcalde de Santo Domingo Este–, el caso ha trascurrido un año marcado por tribulaciones procesales que hacen cuestionar casi todo el proceso que debió haber recorrido sus etapas sin tropiezos.
El proceso cuestiona el derecho a informar libremente sobre la gestión pública.
Este litigio privado, iniciado por el alcalde, se interpreta en círculos periodísticos como un intento de acallar voces disidentes ante una administración denunciada por opacidad, falta de transparencia y restricciones al ejercicio del periodismo en eventos oficiales, incluyendo la retención de celulares en reuniones y eventos municpales donde participa el Alcalde.
Críticas a una gestión bajo sospecha
Fernando Buitrago, ingeniero en sistemas con más de 30 años de experiencia y colaborador en medios locales como Gala Oriental, ha sido un fiscalizador constante de la alcaldía de Santo Domingo Este. Sus reportajes han destacado irregularidades como la ausencia de rendición de cuentas, el manejo opaco de fondos públicos y la exclusión de la prensa en actos oficiales.
Dioris Anselmo Astacio Pacheco, pastor evangélico, abogado y alcalde desde abril de 2024, responde con esta querella privada por difamación e injurias, tipificados en el Código Penal dominicano y agravados si se cometen vía medios electrónicos (Ley 53-07). El caso no solo pone en jaque la carrera de Buitrago, sino que ilustra un patrón preocupante: el uso de la justicia para detener el ejercicio periodístico de quien no se pliegan al «temor» oficial.
Un año de tropiezos procesales
El proceso, que inició hace un año, ha estado plagado de incidentes que han dilatado la resolución y generado dudas sobre su equidad:
– Citación fallida inicial: A pesar de haber sido notificado la primera vez en su vivienda, una notificación que nunca llegó a Buitrago, llevó a declararlo en «rebeldía», pese a su disponibilidad constante para comparecer.
– Incidente del 10 de octubre: Programada una audiencia para esa fecha, en «juicio de fondo», los abogados de Buitrago recibieron correos aparentemente oficiales posponiéndola al 30 de octubre. Desconfiado –»como ingeniero en sistemas, he aprendido a no confiar en la tecnología», alegó–, Buitrago asistió de todos modos. Allí encontró a la parte acusatoria y testigos listos para proceder. Ante la ausencia de su defensa (debido al que no se determina si es real o falso), el tribunal barajó la declaratoria de «abandono de la defensa» y pospuso la diligencia al 7 de noviembre. Buitrago llegó solo esa vez, sin abogados, lo que resalta las premuras y riesgos del proceso.
Estos «equívocos» –tropiezos, tribulaciones y confusiones– levantan sospechas por el nivel de inexactitudes y el peligro que trae consigo para el imputado.
¿Qué habría pasado si Buitrago, confiando en el correo llegado a sus abogados, no hubiera asistido el 10 de octubre? Podría haber enfrentado rebeldía efectiva, multas o incluso una sentencia en ausencia, consolidando el caso con demasiados tropiezos afectando solo a una de las partes, la imputada.
Un David contra Goliat en la defensa de la libertad de expresión y de prensa
Este litigio podría pasar a la historia como un clásico «David contra Goliat»: el poder municipal –encarnado en un alcalde con influencia religiosa y política– versus un periodista independiente que ejerce su rol de fiscalizar la «cosa pública». En un municipio como Santo Domingo Este, con más de un millón de habitantes y desafíos crónicos como inseguridad, contaminación del río Ozama y clientelismo, la transparencia es vital. Sin embargo, acciones como esta amenazan el ejercicio periodístico, fomentando autocensura y erosionando la democracia local.
El caso resalta fallas sistémicas: la lentitud judicial, la vulnerabilidad a posible manipulacion digitales y la pasividad de instituciones clave. A un año de iniciado, urge una revisión para garantizar que no se use la ley como herramienta de represalia.
Llamado a la Acción: Involucramiento Urgente de Defensores de la Prensa
Por estas irregularidades y su impacto en los derechos humanos, este texto se dirige como misiva abierta a:
– Sociedad Interamericana de Prensa (SIP): Para monitoreo internacional y presión por libertad de expresión.
– Organismos de derechos humanos: Como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han documentado casos similares en la región.
– Autoridad judicial principal: La procuradora general Jenny Berenice Rodríguez, para una supervisión imparcial del proceso.
– Entidades periodísticas locales: Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), que conocen el caso pero no se han involucrado activamente.
– Medios nacionales e independientes: Como Listín Diario, El Caribe, Acento y plataformas digitales, para amplificar la denuncia y evitar que quede en el olvido.
La ausencia de pronunciamientos hasta ahora agrava el riesgo: si no se actúa, casos como este normalizarán la persecución judicial a periodistas, debilitando la fiscalización esencial en cualquier democracia.
Hora de defender la voz crítica
El 7 de noviembre no es solo una audiencia; es un punto de inflexión para la libertad de prensa en República Dominicana. Fernando Buitrago representa a todos los periodistas que, sin recursos ni blindajes, enfrentan al poder por informar la verdad. Caso conocido como un «David contra Golliat» mediático.
La sociedad, las instituciones y la comunidad internacional deben unirse para que la justicia sirva a la verdad, no al silencio forzado. En palabras del propio Buitrago: la desconfianza en la tecnología es lección de vida, pero la fe en la justicia debe ser inquebrantable.
