Puerto Príncipe, 21 de octubre de 2025.— El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha renovado por un año más el régimen de sanciones impuesto a Haití, añadiendo a su lista de sancionados al expolicía Dimitri Hérard y al jefe de banda Kempes Sanon, ya objeto de medidas estadounidenses, según ha podido saber AlterPresse.
El 20 de octubre de 2025, el Consejo aprobó por unanimidad la resolución 2794 (2025), por la que se prorroga el embargo de armas, las prohibiciones de viaje y la congelación de activos aplicados a personas y entidades que amenacen la paz, la seguridad o la estabilidad del país.
La decisión también extiende por 13 meses el mandato del Grupo de Expertos encargado de apoyar al Comité de Sanciones establecido por la resolución 2653 (2022), según un informe publicado por la ONU.
La nueva resolución, presentada por Panamá y Estados Unidos, reafirma que todos los Estados miembros deben impedir el suministro, la venta o la transferencia directa o indirecta de armas, municiones y materiales relacionados a Haití.
Insiste en fortalecer los controles fronterizos para prevenir el tráfico y el desvío de armas, una preocupación importante en un contexto donde la violencia de pandillas continúa empeorando.
El texto alienta una mejor coordinación entre los organismos de la ONU –incluida la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo en Haití (BANUH), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)– y las estructuras haitianas, como la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG) y la Policía Nacional de Haití (PNH), para garantizar la implementación efectiva de las sanciones.
El Consejo pide además un mayor apoyo a la PNH, a las Fuerzas Armadas de Haití (FAd’H) y a las autoridades fronterizas para reforzar la gestión de las armas y municiones incautadas, mejorar el marcado, el almacenamiento y la destrucción de los arsenales e intensificar la lucha contra el desvío.
Dos nuevas personas están ahora en la mira del régimen de sanciones de la ONU: Dimitri Hérard, exjefe de la unidad de seguridad del Palacio Nacional, acusado de facilitar el tráfico de armas y municiones a grupos armados; y Kempes Sanon, un exprisionero que escapó en 2021 y es identificado como uno de los líderes de pandillas más violentos del país.
El representante de Haití tomó nota de estas designaciones y se comprometió a darles seguimiento de conformidad con la legislación nacional.
Francia y Estados Unidos han pedido que se amplíe la lista para incluir a los actores políticos y económicos que apoyan a las pandillas, mientras que Rusia ha advertido contra el uso de las sanciones para influir en la escena política de Haití.
Sin embargo, todos los miembros del Consejo reconocieron la importancia del régimen de sanciones en la lucha contra el tráfico de armas y el crimen organizado en Haití.
China reiteró que el éxito de las medidas también dependerá del compromiso de los países de origen de las armas de implementar plenamente la resolución.
Varias delegaciones, entre ellas Francia, Dinamarca y el Reino Unido, lamentaron que la cuestión de la violencia sexual y de género estuviera menos presente en el texto final, considerando que se trata de una dimensión esencial de la crisis humanitaria y de seguridad haitiana.
Esta renovación del régimen de sanciones se produce cuando la Fuerza de Represión de Bandas (FRG), resultante de la transformación de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), ha iniciado oficialmente sus operaciones conjuntas con la PNH y las FAd’H.
Con el apoyo de Washington, que recientemente entregó 20 vehículos blindados, la RFA busca llenar el persistente vacío de seguridad en varias regiones del país, mientras más del 85% del área metropolitana de Puerto Príncipe sigue bajo control de grupos armados, según diversas fuentes humanitarias.
