Washington, Rezo Nòdwès.- El gobierno de Trump desató una nueva polémica política al describir a Chicago como una «zona de guerra» el domingo, justificando el envío de 300 miembros de la Guardia Nacional para «proteger a los agentes y la propiedad federal». La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó al alcalde demócrata Brandon Johnson de «permitir que los criminales destruyan la vida de las personas», e incluso mencionó que las pandillas pagan recompensas a los manifestantes antiinmigratorios.
El decreto presidencial, firmado el sábado, forma parte de una serie de despliegues en varias ciudades importantes lideradas por los demócratas, como Los Ángeles, Washington y Memphis, lo que ha suscitado duras críticas de la oposición. «El presidente no busca combatir la delincuencia, sino sembrar el miedo», declaró el senador Dick Durbin.
Una encuesta de CBS publicada el domingo reveló que una minoría de estadounidenses, el 42%, está a favor de desplegar la Guardia Nacional en las ciudades, mientras el 58% se opone
En Portland, un juez federal bloqueó temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional, dictaminando que las protestas contra la aplicación de las leyes migratorias no representaban «ningún peligro de rebelión».
Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha priorizado la lucha contra la inmigración ilegal, prometiendo usar las fuerzas armadas contra el «enemigo interno». Los gobernadores demócratas han denunciado una deriva autoritaria e insistido en que «no hay insurrección» que justifique tales medidas.
Trump, quien el martes pasado habló de usar el ejército para una “guerra interna”, no da señales de ceder en su campaña de línea dura. “Portland está en llamas. Hay insurrectos por todas partes”, dijo este domingo, sin aportar pruebas de ello