Santo Domingo.- La falta de documentación legal continúa siendo parte de la realidad cotidiana de muchas mujeres afectadas por la sentencia 168, pese a que fue emitida por el Tribunal Constitucional (TC) el 23 de septiembre de 2013, observó la abogada y activista por los derechos humanos María Bizenny Martínez.
Esa situación trae como consecuencia acoso y violencia sexual, “sin que existan mecanismos efectivos de protección o reparación”, declaró Martínez, también coordinadora del departamento de derechos humanos e incidencia política del Movimiento Socio Cultural de Trabajo Humanitario y Ambiental (Mosctha).
De acuerdo con la experta, desde hace años se ha venido denunciando la situación de las personas dominicanas nacidas de padres inmigrantes haitianos, “pese a lo cual el Estado dominicano haya adoptado las medidas necesarias para avanzar en los procesos de documentación de aquellas personas que fueron víctimas de la Sentencia 168-13 y que, en el momento de su emisión, no estaban inscritas en el registro civil nacional”.
Cabe destacar, precisó Martínez, que los padres de estas personas, en su gran mayoría, fueron traídos a República Dominicana para trabajar en la industria azucarera nacional, contribuyendo de manera significativa al desarrollo económico del país. “Su labor, marcada por condiciones precarias y explotación histórica, ha sido fundamental para sostener sectores clave de la economía dominicana, sin que hasta la fecha se les haya reconocido plenamente su aporte ni garantizado los derechos de sus descendientes”.
Graves violaciones
Sin embargo, sus hijos e hijas continúan enfrentando graves violaciones de derechos humanos, dijo la experta.
Según Martínez, la falta de documentación legal continúa siendo parte de la realidad cotidiana de muchas mujeres afectadas por la sentencia 168-13, situación que trae como consecuencia: Acoso y violencia sexual, sin que existan mecanismos efectivos de protección o reparación.
La defensora de los derechos humanos aseguró que la negación de acceso a servicios de salud, ausencia de atención adecuada durante los procesos de maternidad y lactancia en condiciones de extrema vulnerabilidad, han afectado de forma negativa el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
Además, dijo Martínez, persiste una negación no explícita, pero sistemática violación de derechos fundamentales como la educación, el empleo formal, la protección social, el acceso a vivienda y, sobre todo, el derecho a vivir con dignidad y sin miedo.
Según la abogada y activista defensora de los derechos humanos, esta exclusión y discriminación estructural se mantienen “sin reconocer el aporte histórico de sus padres, quienes han dejado su esfuerzo, su salud y su vida en los campos de caña, todo sin que el Estado les haya garantizado justicia ni reparación”.
Segregación social y jurídica
Martínez aseguró que esa situación constituye una forma de segregación social y jurídica, “que perpetúa la apatridia, la discriminación racial y el racismo estructural”.
Es urgente, según su opinión, que se reconozca el derecho a la identidad, la nacionalidad y la ciudadanía plena de los dominicanos y dominicanas víctimas de la sentencia 168-13 y que se adopten medidas concretas para garantizar su inclusión en todos los ámbitos de la vida nacional.
Miles son afectados aún
A doce años de su dictamen, la sentencia 168-13 sigue marcando la vida de miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana, declaró Martínez. “Su legado no solo despojó de la nacionalidad a quienes nacieron en suelo dominicano, sino que institucionalizó un régimen de exclusión, apatridia y negación de derechos”.
Según su enfoque de los hechos, la indiferencia estatal, la invisibilidad mediática y la herencia jurídica de esta sentencia configuran un apartheid moderno, sostenido por prácticas administrativas, discursos discriminatorios y omisiones legislativas.
Martínez destacó que a pesar de la promulgación de la Ley 169-14 sobre naturalización especial, los discursos progresistas dirigidos a la opinión pública internacional en materia de igualdad, inclusión y equidad continúan siendo una utopía construida sobre la imagen que deseamos proyectar ante otros Estados, pero no sobre la realidad que enfrentamos como sociedad.
No cambia para los jóvenes
La situación de los jóvenes afectados por la sentencia 168-13 no ha cambiado de manera sustantiva. “Persiste la ausencia de políticas públicas efectivas, mecanismos de impulso o soluciones estructurales que garanticen su inclusión plena”.
Estos jóvenes, agregó, han sido sistemáticamente excluidos del sistema social, económico y, especialmente del sistema político como estrategia para impedir que, en algún momento, puedan ejercer su derecho a elegir y ser elegidos, declaró la experta.
Perpetúa la apatridia
Esta exclusión, que consideró como deliberada, “vulnera principios fundamentales del Estado de derecho, perpetúa la apatridia y consolida un modelo de ciudadanía condicionada, “que niega el reconocimiento pleno de derechos a personas nacidas en el país por el simple hecho de su ascendencia haitiana”.
