Santo Domingo.- Las preocupaciones del presidente Luis Abinader por las interminables interrupciones del servicio eléctrico le llevaron a adoptar una serie de medidas de emergencia.
Abinader, mediante el decreto número 517-25 emitido la noche del martes, urgió la continuidad y seguridad del suministro eléctrico, así como la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas de las empresas distribuidoras de electricidad.
Para tales fines declaró la emergencia nacional para agilizar las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras que se realicen para incrementar la capacidad de generación, reducir la inestabilidad de la red eléctrica, suplir la demanda del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y fortalecer el almacenamiento de energía.
Las medidas dispuestas por el gobernante incluyen también la planificación, contratación, construcción e instalación de plataformas de almacenamiento de energía eléctrica de tipo independiente (stand-alone) o bancos de baterías, en las facilidades de generación a ser incorporadas mediante la contratación, gestión u operación directa o indirecta por parte de las empresas distribuidoras de electricidad.
Para el logro de esos objetivos, según la pieza del Ejecutivo, se gestará la expansión de la capacidad de generación de electricidad mediante la incorporación de nuevas unidades de generación térmicas de respuesta rápida, a ser contratadas, gestionadas u operadas directa o indirectamente por las empresas distribuidoras de electricidad (las Edes, Punta Catalina o la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana).
Se dispone la contratación de trabajos de consultoría, asesoría, asistencia técnica, servicios jurídicos, diseños, análisis financieros, estudios técnicos de ingeniería y geología o de impacto ambiental que sean necesarios para la puesta en marcha y ejecución de las compras y contrataciones.
En emergencia también fue declarada la compra de equipos, repuestos, materiales y facilidades destinados a la prestación del servicio de distribución, transformación de energía, medición y cobro del suministro eléctrico, así como la contratación de proyectos de rehabilitación y expansión de las redes de distribución, contratos para reducción de perdidas, acuerdos para la gestión de la demanda de los usuarios no regulados por parte de las empresas distribuidoras con el objetivo de reducir las pérdidas técnicas y no técnicas.
Se declara de interés nacional la ampliación de la matriz de generación eléctrica, a los fines de cubrir el incremento súbito de la demanda eléctrica nacional de electricidad, precisa el decreto.
Las empresas distribuidoras de electricidad, así como a las entidades involucradas en la interconexión y puesta en servicio de las correspondientes centrales, fueron autorizadas a proceder con la mayor celeridad para cubrir la necesidad antes expuesta en el marco de sus respectivas leyes», reza el artículo siete.
De septiembre a septiembre
La vigencia del estado de emergencia, contemplada en la disposición del Poder Ejecutivo, tendrá una vigencia de un año, es decir, hasta el día ocho de septiembre de 2026. «Transcurrido dicho plazo, quedará extinguida de pleno derecho la situación de emergencia declarada mediante el presente decreto, salvo prorroga expresa otorgada mediante un nuevo decreto presidencial que la justifique».
El Gabinete del sector eléctrico, presidido por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, será el responsable de supervisar la correcta aplicación de los procedimientos.
