PorEphraim Alburquerque
La jornada del 31 de julio de 2025 marcó un hito legislativo en la República Dominicana: el Senado convirtió en ley el nuevo Código Penal, tras aprobar en única lectura las 64 modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. El resultado fue contundente: 26 votos a favor y apenas uno en contra.
Este nuevo marco penal representa un cambio profundo. Sustituye una norma vigente desde 1884, ampliándola a más de 400 artículos y tipificando delitos modernos como el terrorismo, genocidio, desaparición forzada, feminicidio agravado, sicariato, bullying, inducción al suicidio y ataques con sustancias químicas, entre ellos el temido “ácido del diablo”. También se introduce un sistema de acumulación de penas que puede alcanzar hasta 60 años de prisión en casos de extrema gravedad.
Avances que fortalecen la justicia
La reforma incluye aspectos ampliamente reclamados por la ciudadanía:
La tipificación de nuevas figuras delictivas responde con claridad a los desafíos actuales.
El acumulativo de penas ofrece mayor proporcionalidad en sanciones por delitos múltiples.
Se incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas, fortaleciendo la lucha contra la corrupción empresarial y los delitos cometidos desde el poder corporativo.
Tensiones en torno a derechos fundamentales
No obstante, no todo es avance. El texto aprobado excluye nuevamente las tres causales del aborto, lo que implica que una mujer víctima de violación, con un embarazo inviable o en riesgo de morir por complicaciones, no contará con amparo legal. Por el contrario, la interrupción del embarazo en estos casos será penalizada con entre dos y tres años de prisión, consolidando una postura regresiva en materia de derechos reproductivos.
Además, el nuevo Código limita la prescripción de los delitos de corrupción a 20 años, y exonera explícitamente de responsabilidad penal al Estado, a los gobiernos municipales y a los partidos políticos, generando una preocupante asimetría legal. Varios sectores también han advertido sobre disposiciones que podrían afectar la libertad de expresión y abrir la puerta a interpretaciones represivas.
¿Qué es la vacatio legis?
Una novedad destacada es que el Código Penal no entrará en vigor de inmediato. Se establece un período de vacatio legis de un año, es decir, un plazo de 12 meses desde su promulgación para que la ley comience a aplicarse.
Este margen de tiempo tiene una función importante: permite que la ciudadanía, los operadores del sistema judicial, los cuerpos policiales y las instituciones públicas se informen y adapten a las nuevas disposiciones. Más aún, este año ofrece una ventana para revisar, mejorar o corregir artículos controversiales, sin necesidad de paralizar la ley en su conjunto.
El presidente Luis Abinader tiene un plazo de 10 días para promulgar u observar la ley. De no objetarla, la cuenta regresiva de la vacatio legis comenzará formalmente.
La ley es perfectible: ¿qué significa eso?
Al comentar la aprobación, el presidente del Senado afirmó que “la ley es perfectible”. Esta expresión significa que la ley no es perfecta ni definitiva, sino que puede y debe ser mejorada con el tiempo, a medida que se identifican fallos, vacíos o nuevas necesidades sociales.
En otras palabras, aunque la ley haya sido aprobada, sigue abierta a la posibilidad de corrección, revisión o fortalecimiento mediante reformas posteriores. Es un reconocimiento de que ninguna norma humana es absoluta, y que el diálogo democrático debe continuar. En el contexto actual, esta idea cobra especial relevancia: si hay elementos discutibles en la ley, ahora es el momento de revisarlos y ajustarlos.
Una reforma necesaria, pero incompleta
Tras más de 20 años de estancamiento y más de una docena de intentos fallidos, el país finalmente cuenta con un nuevo Código Penal. Es un logro legislativo importante, que moderniza la estructura legal y responde a muchas necesidades sociales largamente postergadas.
Pero también es cierto que una reforma que excluye temas fundamentales de justicia y derechos humanos no puede considerarse completa. La verdadera victoria legislativa será aquella que combine modernización legal con protección real a la dignidad humana.
El tiempo de vacatio legis debe ser aprovechado con conciencia y valentía. Si la ley es perfectible, como bien se ha dicho, ahora es el momento de perfeccionarla.