Santo Domingo.- Durante varios años, las relaciones migratorias entre la República Dominicana y Haití se han visto afectadas por profundas tensiones, a menudo marcadas por políticas hostiles y retórica xenófoba, refirieron varias organizaciones cívicas, la mayoría de la comuna haitiana Juana Méndez.
La dignidad humana es inalienable, destacaron las organizaciones en un documento. “Instamos a la comunidad internacional a superar su indiferencia para prevenir una crisis humanitaria y garantizar la justicia y la protección de las personas migrantes”.
“Este clima se agravó desde octubre de 2024 cuando el presidente dominicano, Luis Abinader Corona, anunció una política de deportaciones masivas de 10,000 migrantes haitianos por semana, “sin respetar las normas internacionales de derechos humanos durante las deportaciones”, precisaron los grupos cívicos en su denuncia escrita.
En la denuncia se establece que la decisión adoptada por el presidente dominicano el día dos de octubre de 2024 ha resultado en redadas sistemáticas, expulsiones colectivas, detenciones arbitrarias y violencia psicológica y físicas, “especialmente contra mujeres embarazadas, niños, personas enfermas o con discapacidad”.
Violan las obligaciones asumidas
De acuerdo con el documento, esas medidas son claramente discriminatorias y contrarias a las obligaciones internacionales de la República Dominicana.
Incluso, prosigue el texto, permiten que agentes de inmigración entren en hospitales para arrestar a haitianas hospitalizadas y las mujeres embarazadas en labor de parto no se salvan.
Las organizaciones plantearon que se necesitan medidas urgentes para poner fin a estas violaciones y evitar que abusos históricos similares se repitan en el futuro.
Solo hacia Juana Méndez
De acuerdo con la denuncia, solo en el puesto fronterizo de Ouanaminthe (Juana Méndez), la Plataforma de Género del Noreste (PGNE) y sus socios documentaron y asistieron 60.856 deportaciones desde octubre de 2024 hasta mayo de 3036.
Las deportaciones, según que atribuyen a la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), afectaron a 42.372 hombres, 13.847 mujeres, 2.434 niñas y 2.203 niños.
Asimismo, a 581 embarazadas, 756 mujeres lactantes, 268 niños no acompañados, 321 personas con discapacidad y a 1.962 personas mayores.
Las organizaciones deploraron que el 6 de abril de 2025 haya sido emitido un protocolo gubernamental que formalizó 15 principios de deportación, entre ellos la expulsión de mujeres embarazadas hospitalizadas, “lo que constituye una grave violación del derecho a la salud y a la privacidad”.
Los instrumentos jurídicos violados
Con el proceder de las autoridades dominicanas supuestament son violados la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 1, 3, 5, 9 y 13); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 7, 9, 10, 12 y 13); y la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 3, 6, 22 y 37).
Asimismo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (arts. 1, 2 y 5); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 5, 8 y 25); y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (art. 3).
Estas violaciones son aún más alarmantes porque recuerdan la tragedia de la masacre de 1937, durante la cual miles de haitianos fueron asesinados con impunidad, dicen los grupos en su documento, en el que también opinan que “la comunidad internacional no puede tolerar la repetición de tales atrocidades, ni siquiera en formas más insidiosas”.
Lista sus recomendaciones
Por tales razones las organizaciones firmantes “solicitamos urgentemente” la creación de una comisión internacional independiente para investigar los “abusos” cometidos contra migrantes haitianos en la República Dominicana y el cese inmediato de todas las deportaciones de personas vulnerables (niños, mujeres embarazadas, enfermos, ancianos).
De igual manera, la remisión urgente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se pronuncie sobre estas “violaciones”; la activación de un mecanismo internacional permanente de monitoreo de la situación de los derechos humanos en las fronteras dominico-haitianas; y la financiación de programas de apoyo humanitario, atención, recepción y reintegración para las personas deportadas.
También, el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias haitianas, en particular mediante recursos logísticos, legales y médicos para abordar la emergencia; la organización de campañas internacionales de sensibilización contra el racismo y la xenofobia, con el objetivo de prevenir los discursos de odio.
Las organizaciones firmantes
La denuncia, formulada ante organizaciones internacionales con atención a las llamadas a defender los derechos humanos, fue asumida por Jesula Blanc, Coordinadora PGNE (Plataforma de Género del Nordeste); Colette Lespinasse, Defensora de los DDHH; Camille Occius, Director Ejecutivo OCNH; y Katia Bonté, Coordinadora GARR.
También, Vitalerme Acceus, Responsable CAPAC-Haïti; Manise Elie, Coordinadora RFJS-Haïti; Jackson Lorrain, Presidente ASOMILIN; Eunide Innocent, Directora Ejecutiva POFHAD; Dr Joseph Cherubin, Presidente de MOSTCHA; Cristiana Luis Francisca, Presidenta de MUDHA; y Louna François, Coordinadora ACDHD
