Por Ephraim Alburquerque
El país no puede seguir atrapado en una espiral de discusiones interminables sobre una ley que urge. Cada día que pasa sin que se apruebe el nuevo Código Penal, la República Dominicana continúa operando bajo una legislación del siglo XIX, con lagunas jurídicas que comprometen la justicia, la seguridad y la institucionalidad misma del Estado.
Así lo ha expresado con firmeza el obispo Jesús Castro Marte, quien ha pedido públicamente que el Congreso actúe con responsabilidad y apruebe, sin más dilación, el proyecto de Código Penal que lleva más de dos décadas de debates y reenvíos. Su llamado no es a legislar a la ligera, sino a legislar con valentía y sentido de urgencia.
Cuando el obispo afirma que “seguir legislando prolonga el deterioro institucional”, está señalando una verdad incómoda: que el estancamiento legislativo debilita la confianza en las instituciones democráticas. No es normal que un país moderno enfrente la delincuencia, la corrupción, la violencia y los delitos cibernéticos con un código que data de 1884. Eso sí es una afrenta al pueblo.
El país necesita un marco penal que responda a los desafíos del presente. Un código que tipifique claramente crímenes como el feminicidio, la corrupción, el sicariato, el abuso sexual y el delito ambiental. Un código que brinde herramientas a jueces y fiscales para actuar con mayor eficacia, sin vacíos legales ni interpretaciones ambiguas.
El obispo también advierte sobre los intereses ideológicos y el populismo mediático que han frenado el proceso. Hay quienes buscan convertir el debate del Código Penal en una plataforma para avanzar sus agendas particulares, muchas veces despegadas de las necesidades reales del país. Mientras tanto, los crímenes aumentan, la impunidad se afianza y la población pierde confianza en la justicia.
Es tiempo de legislar con el bien común en mente. El Congreso tiene en sus manos una oportunidad histórica de fortalecer el Estado de derecho. No se trata de complacer sectores ni de posponer lo inevitable, sino de hacer lo correcto: dotar al país de un Código Penal moderno, justo y operativo.
Aprobar el Código no es retroceder, es dar un paso hacia la consolidación institucional. Cada semana que pasa sin hacerlo es una prolongación del deterioro.
Que se legisle, sí, pero con decisión, no con evasión. República Dominicana no puede seguir esperando.
