Por Ephraim Alburquerque
En una sociedad donde la corrupción muchas veces se normaliza por omisión, el reciente caso del ingeniero Milton Morrison, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), no debe pasar desapercibido.
El funcionario ha denunciado públicamente que fue víctima de un intento de soborno por parte de una empresa que buscaba prolongar contratos y operar al margen de la legalidad.
Según sus declaraciones, se le ofreció hasta un millón de dólares a cambio de su silencio y complicidad.
Este hecho, que debería escandalizar a toda la nación, ha sido recibido con una mezcla preocupante de escepticismo, descrédito y silencio institucional.
En vez de un respaldo firme a la denuncia, Morrison ha enfrentado cuestionamientos, rumores y una aparente campaña de descrédito en redes y medios.
Esto plantea una pregunta ineludible: ¿Queremos combatir la corrupción o solo fingimos hacerlo mientras no nos incomode?
Cuando un funcionario denuncia un intento de soborno y decide acudir a los órganos correspondientes —en este caso, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA)— lo que procede no es la burla ni la sospecha automática, sino el debido proceso, la transparencia investigativa y el respaldo moral a quienes se niegan a ser cómplices.
Este caso es particularmente importante porque no se trata de una denuncia anónima ni de una acusación sin base. Morrison ha mencionado nombres, fechas y montos. Ha dado la cara. Eso en sí ya marca una diferencia frente al silencio institucional que, por décadas, ha permitido que intereses privados manejen lo público a su antojo.
Pero más allá del personaje, este caso revela un problema estructural: la resistencia del sistema a ser transformado.
Cada vez que un nuevo funcionario intenta cortar privilegios, abrir licitaciones, reordenar contratos o exigir legalidad, se enfrenta a una maquinaria paralela de chantaje, manipulación, ofertas económicas y ataques reputacionales. Es el precio que se paga por no ceder.
La pregunta no es si Milton Morrison tiene enemigos.
Todo funcionario que intenta cambiar estructuras podridas los tiene.
La verdadera pregunta es si la sociedad dominicana tiene la madurez institucional para proteger a quienes denuncian el mal o si, como en tantas ocasiones, terminará aplastando a los que se atreven a hablar.
La lucha contra la corrupción no se libra solo con eslóganes o discursos de rendición de cuentas.
Se libra en momentos como este: cuando un funcionario decide no callar, y la nación entera debe decidir si lo aísla o lo apoya.
En conclusión, el caso del ingeniero Milton Morrison no debe ser reducido a una anécdota política.
Es un espejo.
Y lo que refleja, nos obliga a tomar posición.
¿Vamos a proteger a quienes resisten la corrupción? ¿O seguiremos premiando el silencio cómplice y castigando el coraje?
La respuesta no la dará un fiscal ni un periodista. La dará la conciencia nacional.
