Puerto Príncipe, Rezo Nòdwès.– El presidente dominicano Luis Abinader ha decretado que las pandillas haitianas son «terroristas», una declaración que, incluso en línea con una retórica de seguridad esperada, ha sido curiosamente selectiva. Condena sin vacilación a los grupos armados que fomentan el terror en Haití, pero omite de manera llamativa mencionar a esos otros «gánsteres»: las élites económicas y políticas que financian, arman y explotan a esas milicias. Abinader suscribe así una lógica paradójica: reconoce un síntoma sin cuestionar sus causas profundas ni los actores ocultos que se benefician del caos.
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El término “bandas terroristas” no es nuevo. Ha sido utilizado repetidamente por diversos actores haitianos desde el gobierno de Ariel Henry. Los observadores de la crisis haitiana saben desde hace tiempo que estos grupos armados no son meros elementos anárquicos, sino milicias que operan de manera encubierta. La inseguridad en Haití no es simplemente una fatalidad, sino un fenómeno programado y mantenido por fuerzas que ya no son visibles para sus ejecutores. En este sentido, el decreto de Abinader, aunque rima en su forma, parece mucho posterior y limitado en su alcance analítico.
Abinader condena sin rodeos a los grupos armados que siembran el terror en Haití, pero omite cuidadosamente mencionar a esas otras «pandillas»: las élites económicas y políticas que financian, arman y explotan a esas milicias en misiones «ordenadas» que van más allá de la organización de un referéndum simulado planificado desde 2020
Un anuncio bienvenido, pero perdido
La inseguridad, lejos de ser inevitable, es una dinámica programada, mantenida por fuerzas que van más allá de los ejecutores visibles. En esto, el decreto de Abinader, aunque fuerte en apariencia, es en realidad anacrónico y limitado en su ambición analítica
Una selección aleatoria de enemigos
Al estigmatizar exclusivamente a las bandas armadas, el presidente dominicano evitó mencionar a los poderosos financieros y políticos que lideran esta violencia desde la época oscura. Según algunas comisiones de desarme, al menos alguna familia estaría involucrada en la estructura de control de estas bandas. Entonces ¿por qué Abinader se limitó a los ejecutores y no a los verdaderos instigadores? Esta selección estratégica del decreto sugiere que su propuesta podría no ser del todo altruista: ¿se trata de una maniobra diplomática para justificar políticas migratorias más estrictas contra los haitianos? ¿O un intento de desviar la atención de la complicidad dentro de la propia República Dominicana?
Un decreto creíble debería haber reconocido, como mínimo, la existencia de «pandillas de cuello blanco» que prosperan gracias al caos en Haití, algunas de las cuales incluso encuentran refugio e influencia en la República Dominicana. El señor Abinader, cuyos servicios de inteligencia son notoriamente eficaces, no desconoce esta realidad
El decreto de Abinader hubiera sido más creíble si hubiera abordado el tema del procedimiento para las armas y municiones que estaban siendo utilizadas por estos grupos criminales. La realidad es clara: estas armas no se fabrican en Haití ni son importadas directamente por las bandas. Diversos informes internacionales señalan a República Dominicana como punto de tránsito en el tráfico de armas hacia Haití, con la presunta participación de exmilitares dominicanos. ¿Cómo puede ahora el presidente dominicano enfrentar la violencia sin reconocer el papel que juega su propio territorio facilitando este comercio ilícito? Erradicar las bandas haitianas requiere más que una declaración simbólica; Implica un compromiso real para desmantelar las estructuras que los arman y los financian.
Abinader participa en una operación de comunicación en lugar de en un análisis genuino de la dinámica criminal que está carcomiendo a Haití y, por extensión, amenazando también la estabilidad de la República Dominicana
¿Quién ostenta realmente la etiqueta de terrorista?
