Por Ramón Morel
Santo Domingo.- La relación entre la ciudadanía y la policía en la República Dominicana se ha deteriorado de manera alarmante.
Lo que una vez se consideró un bastión de protección y seguridad, hoy se percibe como un instrumento de terror y extorsión.
En lugar de servir como garantes del orden y la ley, muchos ciudadanos ven a los agentes de la ley como una amenaza constante, una fuente de miedo y angustia diaria. Este artículo explora cómo la policía se ha convertido en un instrumento de terror en lugar de protección y cómo este cambio de percepción afecta profundamente a la sociedad dominicana.
En las últimas décadas, el papel de la Policía en la República Dominicana ha evolucionado negativamente.
Lo que en teoría debería ser una fuerza dedicada a la seguridad y el bienestar de la población se ha visto envuelto en prácticas que han erosionado su imagen pública.
La percepción generalizada es que la Policía se ha transformado en una herramienta de opresión, más preocupada por la extorsión y el abuso que por el servicio y la protección.
Este cambio drástico en la función de la Policía plantea serias preguntas sobre la eficacia de las reformas y el impacto de estas prácticas en la vida cotidiana de los ciudadanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD) denunció… una serie de violaciones de los derechos humanos en el país, donde se continúan llevado a cabo «ejecuciones extrajudiciales» por parte de las fuerzas de seguridad, y que han dejado 115 muertos este año. Al presentar el Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos de la República Dominicana 2018, el presidente de la CNDH, Manuel María Mercedes, dijo que la muerte de civiles en supuestos intercambios de disparos con agentes continúan llamando la atención «ya que ningún miembro de la policía resulta herido en los mismos»
Uno de los problemas más notorios en el actual contexto policial dominicano es la práctica de apresamientos arbitrarios.
En lugar de detener a personas basándose en evidencia clara de criminalidad, se llevan a cabo arrestos sin justificación adecuada. Esto no solo socava el sistema de justicia, sino que también impone un clima de miedo en la población.
Según un informe reciente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se documentaron numerosos casos en los cuales personas fueron detenidas sin causa aparente y mantenidas en condiciones deplorables.
Un estudio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) confirma que el 60% de los detenidos en los últimos años han reportado abusos durante su aprehensión, lo que resalta una tendencia alarmante hacia la violación de derechos humanos y el abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad.
El Gobierno de Estados Unidos considera que en el país existen situaciones vinculadas a la tortura por parte los órganos policiales nacionales, así como también hay una fuerte corrupción gubernamental, especialmente entre altos funcionarios, según un un informe emitido por el Departamento de Estado de la nación norteamericana, correspondiente al año 2020
La retención de vehículos, especialmente motocicletas y passolas, se ha convertido en una táctica común utilizada por la policía para extorsionar a los ciudadanos. Los agentes de policía a menudo retienen estos vehículos bajo pretextos cuestionables, obligando a los propietarios a pagar sobornos para recuperarlos.
Un estudio realizado por el Observatorio de Seguridad Ciudadana (OSC) revela que la retención de vehículos se ha incrementado en un 45% en los últimos dos años, y en la mayoría de los casos, los propietarios son obligados a pagar sobornos significativos. La falta de un proceso transparente y justo para la recuperación de vehículos refuerza la percepción de corrupción y abuso dentro de la policía.
Las redadas nocturnas y las paradas arbitrarias a los conductores se han convertido en prácticas comunes para obtener sobornos.
Las redadas no están justificadas por ningún proceso legal y a menudo se utilizan para intimidar y extorsionar a los ciudadanos. Esta situación se agrava con las paradas arbitrarias a los conductores, en las que los policías solicitan pagos bajo amenaza de imponer multas o confiscar vehículos.
Un informe del Centro de Investigación de la Comunicación Social (CICS) indica que más del 70% de los conductores han sido detenidos al azar y presionados para pagar sobornos. Este tipo de prácticas no solo corroen la confianza pública en la Policía, sino que también crean un entorno de miedo y desconfianza.
A medida que estas prácticas se vuelven más comunes, la percepción pública de la policía como un aliado de la delincuencia se solidifica. Los ciudadanos ya no ven a la policía como una fuerza para el bien, sino como una extensión de la delincuencia organizada. Esto crea un ciclo vicioso donde la falta de confianza en la policía fomenta el miedo y la desconfianza en las instituciones encargadas de proteger al pueblo.
Un estudio realizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) revela que el 80% de la población percibe a la policía como un actor más en el escenario de la delincuencia, y esta percepción se correlaciona directamente con el aumento de la inseguridad y el descontento social.
La situación actual de la policía dominicana exige una reforma urgente y profunda.
Es imperativo que se adopten medidas para restaurar la confianza pública en las fuerzas de seguridad y asegurar que su función sea la de proteger y servir, no la de intimidar y extorsionar.
La implementación de políticas transparentes, el fortalecimiento del control interno y la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos son pasos cruciales para transformar la policía en una verdadera fuerza para el bien.
A los ciudadanos les corresponde exigir rendición de cuentas y transparencia en la acción policial.
Es fundamental apoyar reformas que promuevan una policía justa y responsable, y trabajar juntos para crear una sociedad donde la protección y la seguridad no se vean comprometidas por la corrupción y el abuso.
La restauración de la confianza en la Policía no solo es vital para la seguridad pública, sino también para el desarrollo y la cohesión social del país.
