Por Germán Reyes
Santo Domingo.- El gobierno de facto haitiano expresó su insatisfacción con las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader relativas a manejo del comercio bilateral y el mantenimiento de medidas que restringen la circulación de personas por la frontera.
Abinader dispuso el 11 de septiembre del 2023 por vía del Consejo Nacional de Seguridad el el cierre de la frontera con Haití “por tierra, mar y aire” para el comercio y la migración; la suspensión de la entrega de visados; y la reactivación del canal de La Vigía en Dajabón, entre otras medidas
Sin embargo, la disposición presidencial establece que “extenderemos indefinidamente la suspensión de la entrega de visas a ciudadanos haitianos”, además de prohibir la exportación de productos electrónicos, cemento, varillas y otros materiales de construcción “para evitar que se construyan estructuras que amenacen nuestros activos medioambientales”.
Asimismo, el gobierno dominicano dispuso la habilitación de Corredores Comerciales Provisionales (CCP), “con estrictas medidas de control militar y registro biométrico obligatorio, en las provincias de Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales”.
Las condiciones haitianas
El Gobierno de la República de Haití, destaca en el comunicado, felicita a la población por su calma, serenidad y patriotismo ante las desproporcionadas medidas tomadas por las autoridades dominicanas. Agrega que el gobierno “continúa celebrando consultas y adoptando disposiciones apropiadas en interés de los haitianos”.
“El gobierno”, puntualizó, “reafirma el derecho inalienable de los haitianos a utilizar equitativamente los recursos hídricos binacionales”.
El gobierno de facto haitiano explicó sus razones por las cuales consideraría adecuado el resultado de las medidas anunciadas por el gobierno dominicano. “El Gobierno de la República de Haití considera que un resultado sólo se considerará adecuado si permite el reparto equitativo de los recursos hídricos, la normalización de las relaciones entre los dos países y el retorno a la circulación de personas y bienes de las dos partes, como era el caso entre las dos Repúblicas antes del cierre unilateral del 15 de septiembre”.
