Economía

El gobierno en carrera contrarreloj después de abandonar a Monte Grande

Por Germán Reyes

Santo Domingo.- Después de 13 años del inicio de la presa Monte Grande, en la frontera de las provincias Azua y Barahona, el gobierno se ve forzado en una carrera contrarreloj en el componente social relacionado con la dotación de tierras a las 376 familias de las comunidades circundantes a la obra.

Para los dirigentes de las organizaciones de San Simón, La Meseta, Los Güiros y Monte Grande, los gobiernos sucedidos en el poder desde el inicio de la obra los abandonan y desdeñan.

“El punto es que a los gobiernos solo les han interesado los componentes donde han dispuesto de fondos gracias a los préstamos”, dijo el agrónomo Manuel Pérez, del Centro de Promoción Campesina Lemba.

Según sus observaciones, por esa razón estará prácticamente terminado el Centro Poblado, el componente del proyecto relacionado con un proyecto habitacional construido para alojar a los campesinos residentes en el entorno de la hidroeléctrica.

En la reunión realizada este viernes en el campamento de la presa de Monte Grande participaron obreros y residentes de las comunidades del entorno de la obra

El muro de la presa, por igual, está en una fase final en el proceso de construcción.

Ni La Tuna Calero ni El Cerro de la Colmena

Los funcionarios del Instituto Agrario Dominicano (IAD) habían ubicado, sin consensuar con los dirigentes de las comunidades, terrenos en la zona de Vuelta Grande, en Tamayo, al Norte del lugar donde se construye la obra, los cuales fueron descartados porque forman parte de una zona protegida, el parque Anacaona.

Además de esos terrenos, 27,000 tareas en el sitio que llaman La Tuna Calero, el IAD también valoró los de El Cerro de la Colmena, ubicados al Sur de la carretera Azua-Barahona, en los frentes de la comunidad de Quita Coraza.

Los de El Cerro de la Colmena fueron descartados porque en gran medida pertenecen a la zona protegida denominada El Curro.

Los terrenos de Tuna Calero, ubicados en 2014, fueron recorridos por técnicos del INDRI, dirigentes de los comités que representan las comunidades y miembros del Centro de Promoción Campesino  Lemba. Con los de El Cerro de la Colmena, en 2021, se hizo el mismo proceso.

«Los Campesinos valoraron ambos terrenos como de buena calidad. El problema estuvo en que, aunque el indrhi y el IAD tenían la informaciones de que están en áreas protegidas, se tardaron en identificar alternativas», refirió Pérez.

Desde el paro del 3 de enero

Los residentes en las comunidades adyacentes y obreros se lanzaron a una huelga para reclamar la atención del gobierno hacia el “Componente económico”, consistente en la dotación de parcelas en sustitución a las suyas que fueron requeridas para construir la obra.

Desde entonces inició un proceso de reuniones donde se plantean propuestas y se rechazan otras porque, según Pérez, “las autoridades de ahora, ni las anteriores, nunca habían movido un dedo en relación con esa parte de la megaobra.

Rechazada la propuesta del gobieno

En la última reunión, realizada este viernes, los campesinos rechazaron la propuesta que se les había formulado relacionada con la entrega de parcelas de diez tareas por familia, pese a la existencia de un acuerdo en el que fue fijada la cantidad de entre 30 y 40.

Santos y Olmedo Caba, director del Instituto de Recursos Hidráulicos (Indrhi), encabezaron la reunión de este viernes en el campamento de la presa de Monte Grande.

En efecto, el 21 de agosto de 2021, según establecieron en el documento que entregaron a Santos y a Caba, fue firmado un acuerdo sobre la cantidad de tierras a entregar. Fue firmado con la Diócesis de Barahona y el Centro de Promoción Campesina Lemba como testigos, igual que otras instituciones.

“Los comités y las comunidades rechazamos dicha propuesta porque para nosotros las tierras ofertadas son insuficientes y con una calidad muy inferior a las que trabajamos antes”, dijeron los dirigentes en una comunicación que entregaron al representante del presidente Luis Abinader, el ministro de la Presidencia Joel Santos.

RD$80,000 por tarea

En vista de que la gente del gobierno no tiene en carpeta una alternativa válida, pues, que paguen a precios de mercado las parcelas que trabajábamos, comentó el dirigente Esteban Ferreras.

“De no encontrar la cantidad de tierra contemplada en dicho acuerdo, proponemos que se nos pague a precios de provincia, RD$80,000 (ochentas mil pesos) por tarea”, dijeron en la comunicación que entregaron al ministro de la Presidencia y al director del Indrhi.

Los funcionarios, según Ferreras, escucharon atentos los términos del documento que les leímos y luego entregamos, para estudiar y responder en la próxima reunión, fijada para el próximo día 27.

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