Por Germán Reyes
Santo Domingo, 4 de enero de 2023.- Los obreros y residentes en las comunidades adyacentes a la presa de Monte Grande, en construcción desde hacen 13 años, depusieron de una huelga iniciada ayer, martes, luego que recibieran las seguridades de que por disposición del presidente Luis Abinader serán complacidos con los reclamos fundamentales que realizaron, según se informó de manera oficial.
El anuncio fue formulado por Joel Santos, secretario de la Presidencia, quien participó vía zoom en una reunión realizada en el campamento donde se erige la obra.
Santos dijo que ante antes participó en una reunión interinstitucional en el Palacio Nacional, donde fueron recibidas las disposiciones de Abinader.
En la reunión realizada en Monte Grande, además de Santos, los obreros y residentes de las comunidades adyacentes, participaron el director del Instituto de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba, representantes del Instituto Agrario Dominicano (IAD) y otros funcionarios que les acompañaron.
También estuvo el sacerdote Antonio Fernández, director de Pastoral Social Caritas, quien acudió en representación del obispo de la Diócesis de Barahona, monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas.
Los obreros y dirigentes que representan a los residentes en las comunidades vecinas de la obra argumentaron para realizar la huelga que ya se han cansado de reuniones y acuerdos, «gue no se cumplen» y, por el contrario, se les trata con «mucho mareo», declaró el vocero Santos Esteban Ferreras.
Nada sin que se resuelva todo
El presidente Abinader dispuso que se retrase, si fuera el caso, la inauguración del muro de la presa de Monte Grande, sin que resuelva lo relativo a la mudanza de los comunitarios en el centro poblado.
“Hay una disposición del Presidente de la República de que se resuelvan a la mayor brevedad posible todos esos problemas”, informó el agrónomo Manuel Pérez, del Centro de Promoción Campesina Lemba, relator de los acuerdos que asumieron las partes.
Abinader dispuso que no habrá inauguración del muro de la presa hasta que no esté mudada la gente en el centro poblado y hasta que sean aseguradas las tierras con el agua para ponerlas a producir, agregó el también representante del Campamento Libertad 1 de El Polvorín, en Tamayo.
Tres reclamos
Los obreros y residentes en las comunidades adyacentes a la obra listaron, en lo fundamental, tres reclamos como condición para deponer la protesta.
1.- La claridad sobre las tierras donde serán reubicados, así como un listado de beneficiarios elaborado por el IAD “a sus espaldas”.
2.- Establecer fechas para terminar el proyecto habitacional donde serán reubicadas las familias.
3.- Terminar el proceso de indemnización a cosecheros de plátanos, limones y otros rubros, ya consensuado.
El proyecto económico
La reivindicación principal, relativa a las tierras donde serán ubicados para que de esa manera repongan los predios que aportaron para que se realice la obra, les serían mostrados por el director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Francisco García, el próximo miércoles.
García también deberá entregar la lista de los beneficiarios de las parcelas, de manera que se pueda verificar que efectivamente ninguno de los damnificados haya quedado fuera.
La entrega de las tierras con garantías de un adecuado regadío, financiamientos y asesoría técnica para su explotación agrícola, constituye el denominado Proyecto Económico.
Se trata del principal componente social del proyecto que dio paso al inicio de los trabajos en la obra, pero que todavía siquiera está identificado.
El centro poblado
En la parte Norte donde se erige la construcción de la presa se ejecuta un proyecto habitacional destinado a alojar a los residentes en las cuatro principales comunidades adyacentes: San Simón, La Meseta y Los Güiros y Monte Grande.
Ese componente de la obra, pese a su avanzado estado de construcción, fue prácticamente paralizado.
“En una dilatada reunión de alrededor de tres horas, desde poco después de las 11:00 de la mañana hasta poco después de las 2:00 de la tarde, el gobierno admitió el compromiso de entregarlo (el proyecto habitacional) terminado y listo para la reubicación de los beneficiarios, a más tardar en febrero próximo”, declaró Pérez.
Las indemnizaciones
Hay todo un proceso de agilización de los expedientes, explicaron los funcionarios en la reunión. “Ya han sido pagados 125 millones de pesos.
“Hay todo un proceso de agilización de expedientes para resarcir a los damnificados”, informó Pérez.